En tres sesiones y con más de 500 votaciones, el pleno de la comisión de Derechos Fundamentales discutió, votó y aprobó 19 artículos que formarán parte del informe de reemplazo que presentará a la máxima instancia de la Convención Constitucional como propuesta de texto para la nueva Carta Magna.
Este informe consta de todas las iniciativas rechazadas en general por el pleno de la Convención y que volvieron a la comisión, con el objetivo de ser mejoradas y así presentar un nuevo texto a las y los convencionales.
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En esa línea, entre los puntos aprobados está el derecho a la propiedad. Este señala que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la Naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.
El convencional de Pueblo Constituyente, César Uribe, comentó los pasos que seguirá la norma esta semana en la Convención.
“Este miércoles por la tarde se votará el informe de reemplazo de la comisión de Derechos Fundamentales, entre otros, aparece el tema del derecho a la propiedad que fue rechazado la primera vez que se presentó al pleno en su votación en general. ¿Qué significa esto? Que volverá a votarse en general y si se rechaza no hay norma de propiedad; si se aprueba, se comienza la votación en particular, pudiéndose aprobar o rechazar. Si se rechaza con una mayoría de 78 votos (no alcanza los 103), volverá a la comisión para seguir siendo discutida y perfeccionada dicha norma”, sostuvo Uribe, quien cree que ocurrirá esto último.
Para el convencional de San Fabián, “indiscutidamente, el derecho a la propiedad es el alma de la Constitución de 1980, es lo que más se profundizó, estableciendo muchos artículos e incisos respecto de la propiedad privada, inclusive se estableció que los derechos de uso de agua serían privados, iniciándose este modelo de negocio de la privatización de muchos servicios y bienes comunes, por ello es una de las principales disputas y hay muchos ojos puestos allí”.
César Uribe dejó en claro eso sí que “nosotros reconocemos el derecho de propiedad, queremos que la gente sepa que eso es intransable y que nadie está pensando en que se va a expropiar todo, incluyendo las casas, los vehículos u otros bienes que las personas comunes y corrientes han conseguido con mucho esfuerzo, eso queremos descartarlo de plano. Lo que sí, no queremos seguir bajo el modelo en que lo privado está por sobre lo público, lo social y lo ecológico. Por ello, uno de los elementos que es muy criticado por la derecha es la función social y ecológica de la propiedad y del suelo. Esto es entender que cualquier propiedad tiene que estar supeditada a la función social y ecológica. Si se aprueba esto, por ejemplo, se le permitiría al Estado, a futuro, tener las herramientas de expropiación para los suelos forestales que amenazan la vida de vecinos que viven cerca y sufren por los incendios; o bien permitiría generar integración urbana y social en las ciudades. Tenemos que conseguir herramientas que nos permitan volver a vincularnos como sociedad, algo que se perdió con la Constitución de 1980. Es algo que está constitucionalizado en otros países, al igual que la nacionalización de algunos servicios. Lo hizo Francia hace poco con las empresas eléctricas, es algo que sucede en el mundo, y debiésemos considerarlo como una posibilidad del Estado para ciertas empresas, en situaciones críticas”, manifestó el representante de Pueblo Constituyente.
Expropiaciones: momento del pago y monto
Otros aspectos de gran interés que aborda el derecho a la propiedad están relacionados con la operativa de las expropiaciones.
Así lo precisó el convencional por Ñuble del Colectivo del Apruebo y miembro de la comisión de Derechos Fundamentales, Felipe Harboe, quien sostuvo que si bien se avanzó en este informe de reemplazo, aún hay puntos pendientes.
“La norma aprobada en la comisión, si bien es un avance respecto de lo que había en el primer informe, todavía sigue siendo muy débil. Si bien se avanzó en incorporar los derechos incorporales dentro de los que están protegidos por la norma constitucional, lamentablemente una mayoría en la comisión se impuso en orden a dejar fuera del texto constitucional, y por tanto solo al mandato de la ley, dos elementos que son importantes relacionados con las expropiaciones, es decir, la facultad que tiene el Estado de quitarte una propiedad. Primero, el momento del pago, la actual Constitución dice que este es previo a que el Estado tome posesión de tu propiedad, lo que es lógico; y en segundo lugar, el monto. La actual Constitución también establece una lógica de indemnización de acuerdo al avalúo comercial, mientras que acá se dejó dicha tarea al legislador, lo que es peligroso, porque podría ocurrir que el legislador y el gobernante se pusieran de acuerdo y definieran que fuera el avalúo fiscal, lo que hace que sea más barato para el Estado expropiar. Esos elementos haremos presentes, y pediremos que se repongan en el pleno, pues creemos que aquí hay una confusión entre propiedad y riqueza, siendo que los más ricos tienen un batallón de abogados para defenderse, mientras que la señora que tiene un quiosco, si no tiene la oportunidad del pago ni el monto, no tiene cómo defenderse y perderá lo único que tiene”, aseveró.
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