En las zonas rurales de Ñuble, una de las limitaciones más recurrentes que impiden obtener una resolución sanitaria para la venta de alimentos es la ausencia de agua potable. La palanca que permitiría transformar un emprendimiento informal en uno formal, está bloqueada para miles de personas.
Según la Casen, hay 25 mil hogares (85 mil personas) en Ñuble que no tienen acceso al agua potable. Se abastecen de pozos, punteras o vertientes, o bien la reciben en camiones aljibe, una modalidad que se hizo indispensable para muchos como consecuencia de la sequía, el aumento de la demanda y el agotamiento de los acuíferos subterráneos.
De esa forma, operar en la informalidad los restringe a un número reducido de potenciales compradores y, por lo tanto, los aleja de acceder a mejores precios.
Si bien la informalidad es el pan de cada día en el mundo campesino, también es cierto que el deseo de emprender de cientos de pequeños productores, de manera formal, con el objetivo de entrar a mercados formales, como los centros de distribución, los restaurantes, hoteles y casinos, e incluso, la Junaeb, se ha visto truncado porque no pueden obtener una resolución sanitaria.
Sin ésta, la venta de alimentos es ilegal. Y un requisito fundamental para obtener dicho permiso es contar con agua potable. Para vender, por ejemplo, lechugas lavadas y envasadas, lo que implica agregar valor a la producción, hay una serie de exigencias sanitarias respecto a las instalaciones y procesos, con el objetivo de resguardar la inocuidad y seguridad alimentaria. Cumplirlas, muchas veces implica realizar inversiones, por ejemplo, en infraestructura, para lo cual existen opciones de cofinanciamiento estatal, sin embargo, si la sala de procesos no cuenta con agua potable, no tiene ningún sentido hacer dicho esfuerzo.
Desde la perspectiva económica, entonces, la posibilidad cierta de muchos pequeños productores agrícolas de mejorar sus ingresos se desvanece frente a un problema estructural que requiere inversiones mayores. Es por ello que en distintos lugares los propios vecinos han conformado comités de agua potable, que, con el apoyo del Estado y el esfuerzo de los socios, han implementado sistemas de agua potable rural, hoy servicios sanitarios rurales (SSR). No obstante, en zonas donde la dispersión geográfica de la población es alta, dicha solución no es viable, por lo que se requieren inversiones individuales y, por lo tanto, más costosas.
Desde la creación de la región se definió la ampliación de la cobertura de agua potable como una de las prioridades de la gestión de la Intendencia primero, así como del Gobierno Regional después y también del MOP; ello ha permitido la ejecución de obras, como construcción de pozos, plantas y redes, que en muchos casos sumaban más de una década de espera. Gracias a ello, actualmente hay 236 SSR, con 50.149 arranques construidos que permiten llegar con agua a más de 151 mil personas. A ellos se sumarán, durante la actual administración, 3.238 arranques (cerca de 10 mil personas), lo que representará una inversión de $22.170 millones.
Se valora dicho esfuerzo, pero todavía en insuficiente y, además, requiere ser abordado con sentido de urgencia. Es prioritario que el estado ejecute con celeridad las inversiones en infraestructura para aumentar la cobertura de agua potable en las zonas rurales, en primer término, por dignidad, y en segundo, porque constituye una palanca de desarrollo en un contexto de altas tasas de pobreza.
