El inicio del año legislativo en marzo será distinto al de otros años.
Producto del intenso trabajo de los últimos meses del año y de enero, impulsado por el estallido social; varios proyectos que son prioritarios para el Ejecutivo quedaron en sus últimas etapas para ser aprobados, lo que seguramente tornará la agenda de marzo más sobrecargada que de costumbre.
Prioritaria será la discusión, por ejemplo, de la reforma previsional y del Ingreso Mínimo Garantizado, ambas iniciativas incluidas en la Agenda Social que propuso el gobierno tras la detonación de la crisis social en octubre pasado.
En el ámbito político, otra reforma que tiene prioridad es la que tiene relación con el aseguramiento de la paridad de género en una eventual convención constituyente, ya que si bien ésta fue aprobada, no se pudo definir el método para alcanzar dicho objetivo.
En Salud, en tanto, el Ministerio del ramo ya adelantó que impulsarán con urgencia la concreción de dos proyectos emblemáticos: la Reforma a Fonasa y la ley de Fármacos II, que pretende disminuir considerablemente el gasto de los chilenos en medicamentos.
El límite a la reelección, en el ámbito político, es otro de los proyectos que deberá pasar su prueba de fuego.
Reforma Previsional (Segundo trámite, Senado)
En noviembre de 2018 fue ingresado el proyecto original, que contemplaba incrementos al Pilar Solidario, y además, creaba beneficios para la clase media, mujeres y adultos mayores. También la iniciativa proponía aumentar las pensiones futuras, e incrementar la cotización obligatoria en cuatro puntos porcentuales, lo que se destinaría íntegramente a la cuenta individual del cotizante.
Sin embargo, el gobierno debió modificar en varias ocasiones esta propuesta original, con el objetivo de darle viabilidad a la reforma.
Un acuerdo con diputados de la DC permitió el avance de la iniciativa. El Ejecutivo presentó el 20 de enero pasado un nuevo grupo de indicaciones: se propuso aumentar gradualmente en un 6% la tasa de cotización, del cual un 3% iría a las cuentas de ahorro individuales, mientras que un 2,8% a un Programa de Ahorro Colectivo Solidario y un 0,2% a un seguro de dependencia.
El proyecto fue aprobado en la Cámara, y se espera que en su segundo trámite constitucional en el Senado, se presenten las indicaciones comprometidas.
Ingreso Mínimo Garantizado (Segundo trámite, Senado)
Esta iniciativa, que forma parte de la Agenda Social impulsada por el Gobierno en el marco del estallido social de octubre pasado, propone crear un subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado. Para ello, se otorga un aporte monetario directo a los trabajadores más vulnerables del país.
Durante su tramitación, el texto ha sufrido varias modificaciones, como el aumento del monto del subsidio por parte del Gobierno, que permitirá que los trabajadores que reciben el sueldo mínimo alcancen una suma cercana a los $300.000 líquidos.
Otro cambio fue la prohibición de otorgarle este subsidio a los trabajadores de grandes empresas.
A fines de enero, la comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto, con lo que la iniciativa quedó lista para ser discutida por la Sala del Senado en su segundo trámite constitucional. Esto se espera que ocurra durante este mes de marzo.
Reducción de la jornada laboral a 40 horas (Segundo trámite en el Senado)
La tramitación de este proyecto, ingresado en marzo de 2017 por diputados del Partido Comunista, fue reactivada en 2019 pese a haber sido declarado inadmisible por inconstitucionalidad en dos oportunidades.
La iniciativa, que busca recortar la jornada laboral, actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Trabajo del Senado, donde fue aprobado en general a fines de enero.
Se estableció como fecha límite para presentar indicaciones el 20 de marzo, por lo que se estima que en ese momento se retomará su tramitación y se procederá a su análisis en particular.
La propuesta, defendida por gran parte de la oposición y con altos niveles de aprobación en las encuestas, ha sido cuestionada por el gobierno y por entidades como la Comisión Nacional de Productividad (CNP), que estima que generará, en el corto plazo, una reducción de los salarios mensuales reales de 3% promedio, y en un horizonte de 4 a 5 años, una reducción del PIB de 2,5% a 7,5% y una caída en la productividad de 1% a 3,5%.
Rebaja de dieta parlamentaria (Segundo trámite, Senado)
La moción aprobada por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, estableció que las remuneraciones y dietas de parlamentarios y otras autoridades serán fijadas cada cuatro años por una comisión externa. Junto con ello se estableció como tope máximo que ninguna autoridad pública reciba una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.
También se fijó que ninguna persona parte de la planta, o de las contratas, o que se encuentre a honorarios podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades. En forma transitoria, se estableció, además, que en el período que medie entre la publicación de la reforma y la fijación de las remuneraciones que establezca la comisión creada para estos efectos, las autoridades sólo tendrán derecho a percibir el 50% de su remuneración o dieta vigente.
Durante enero se escucharon invitados en la comisión de Constitución del Senado, y durante este mes se retomará su tramitación.
Paridad e independientes en la Constituyente (Tercer trámite, Cámara)
La Sala del Senado despachó a fines de enero a la Cámara de Diputados, la reforma constitucional para favorecer la participación de independientes y equidad de género en la Constituyente, sin acuerdo por un mecanismo para garantizar la paridad.
Será la Cámara, en tercer trámite, la que defina cómo se materializará la paridad, lo que debiera ocurrir durante este mes.
Lo que sí se aprobó de manera unánime fue el texto que establece la forma de facilitar la participación de los independientes en la elección de los convencionales constituyentes, a través de la formación de listas electorales. En lo fundamental, se señala que dos o más candidatos independientes podrán constituir una lista electoral, la que regirá exclusivamente en el distrito electoral en el que los candidatos independientes declaren sus candidaturas. Asimismo, se establece que cada candidato o candidata que conforme la lista, considerado individualmente, requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4 por ciento de los que hubieren sufragado en la anterior elección periódica de diputados.
Límite a la reelección de autoridades (Segundo trámite, Senado)
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que pone límite a la reelección de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, y que tendrá efecto retroactivo para quienes ya están en tales cargos, exceptuando alcaldes y concejales. Con ello, la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional, quedó en condiciones de ser remitida a la sala para su pronunciamiento.
En lo fundamental, la reforma señala que los senadores podrán estar un máximo de dos períodos consecutivos (una reelección), mientras que los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales un máximo de tres períodos consecutivos (dos reelecciones).
La norma tendrá efecto retroactivo, pero sólo habrá una excepción para los próximos comicios municipales de octubre, puesto que el proceso eleccionario de alcaldes y concejales ya está en curso y los plazos comenzaron a correr el año pasado. De este modo, para el caso de los alcaldes y concejales que tengan tres o más períodos, ésta será su última elección y para las siguientes se aplicaría la norma aprobada.
Reforma al Fondo Nacional de Salud (Primer trámite, Cámara)
El gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el 7 de enero pasado un proyecto de ley para “Reformar el Fondo Nacional de Salud y crear un Plan de Salud Universal”, conocido como “Mejor Fonasa”, el cual deberá comenzar a debatirse ahora en marzo.
Esta iniciativa tiene como objetivo otorgarle a Fonasa un rol de verdadero seguro público de salud, con un modelo de atención basado en una red de prestadores definida por él mismo.
Al mismo tiempo, y entre otras modificaciones, se define un Plan de Salud Universal (PSU) para todos sus beneficiarios; se crea un seguro de medicamentos y se le da una nueva gobernanza a la institución.
Se trata de una reforma profunda que busca resolver las principales demandas ciudadanas en materia de salud, como son el alto gasto de bolsillo y las largas listas de espera en el sector público.
Sin embargo, la oposición cuestionó la iniciativa: “El Gobierno presenta una propuesta de reforma que va en contra de lo levantado con el movimiento social. Esta medida cuida el negocio de la isapre y busca entregar nuevos clientes a las críticas privadas, horadando la obligación por ley que tiene Fonasa”, sostienen.
Ley de Fármacos II (Tercer trámite, Senado)
Este proyecto de ley, que data del año 2015, actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional, esto es, en la revisión que realiza la cámara de origen (el Senado) de las modificaciones hechas por la cámara revisora (la Cámara de Diputados) y pasará prontamente a comisión mixta, en la que se resolverán las diferencias entre ambas cámaras, para poder ser pronto ley.
El principal objetivo del proyecto es mejorar el acceso de las personas a los medicamentos, generando condiciones que permitan adquirirlos a menor precio y en mejor oportunidad.
Así, la iniciativa, que es prioritaria para el Ministerio de Salud durante este año, prohibirá a los médicos recetar medicamentos de una marca específica, así como también le permitiría al Minsal fijar los precios de algunos productos.
Pese a este avance, hay quienes creen que tal como está planteada la regulación, se pasará a incentivar la relación entre las grandes cadenas de farmacias con los laboratorios, lo que ha existido históricamente en este mercado y que concluyó en regulaciones como la ley de Fármacos I.
Modernización de las policías (Segundo trámite, Cámara)
Este proyecto de ley fue ingresado a tramitación en el Senado en noviembre de 2018, fruto de las recomendaciones del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.
Su finalidad es actualizar los estándares de las Fuerzas de Orden y Seguridad en materias de gestión, estableciendo el deber de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de establecer planes de desarrollo estratégico, con lo cual deberán fijar metas y evaluar su cumplimiento periódicamente.
A pesar de ello y de haber existido un gran consenso en su primer trámite constitucional en el Senado; en la Cámara de Diputados, donde se encuentra en segundo trámite constitucional, ha habido más cuestionamientos, durante su discusión.
Estos aluden a que el proyecto “No está en sintonía con la realidad del Chile de hoy”, pues el estallido social dejó como evidencia que es fundamental modernizar las policías. En ese sentido, en la Cámara plantearon revisar cuáles son los protocolos de las policías.
