Un dato indicativo del nivel de gravedad de la violencia contra la mujer en Ñuble queda reflejado en las estadísticas. En promedio, cada día en la Región se registran cuatro denuncias de violencia contra mujeres y este año se han notificado 13 femicidios frustrados y uno consumado, en septiembre pasado, en la localidad de Rucapequén.
Según se puede verificar, en su mayoría los causantes de la violencia son hombres que mantuvieron una relación previa estrecha con quienes luego fueron objeto del crimen. De hecho, en casi todos los casos de femicidios que se han registrado en la zona los últimos años (24 desde 2012 a la fecha), las víctimas eran mujeres que ya venían sufriendo de violencia intrafamiliar sistemática, pero nunca hicieron las denuncias.
Frente a esa situación, conviene hacer presente -una vez más- la necesidad de que los sistemas judicial y policial, una vez informados del problema a partir de una denuncia, obren con urgencia a fin de preservar la vida de la mujer.
Recientes estudios sobre la violencia contra la mujer en nuestro país también confirman este aspecto. De un total de dos mil casos, en 71% el agresor se había constituido en pareja de quien después fue víctima y en un 49% ya estaban separados. Según las denuncias, el agresor fue el exesposo en 12% de los casos y en 17% el expololo. En la mitad de este grupo de casos denunciados por las mujeres, la pareja vivía todavía en el mismo domicilio.
Volviendo a las cifras, esta vez del Ministerio Público, en un año las cinco fiscalías de Ñuble (Chillán, San Carlos, Bulnes, Quirihue y Yungay) concentran más de 2.500 causas por violencia intrafamiliar. Los delitos más denunciados son las amenazas, lesiones, maltrato habitual y desacato.
Los profesionales que atienden a las víctimas advierten también sobre una realidad que se repite en la mayoría de las comunas, y que se asocia con nuestros altos índices de ruralidad y las brechas en materia de conectividad digital, acceso a información y orientación profesional, que son finalmente una barrera para el acceso a la protección y ayuda que hoy ofrecen la justicia y las políticas públicas.
Es misión de las autoridades comprender este penoso problema que se amplifica en nuestra ruralidad y contribuir a concientizar y capacitar a los agentes sociales que pueden reducir sus alcances.
Se trata de una compleja cuestión, con origen en una multiplicidad de factores. Quienes lo han estudiado con más profundidad insisten en que la solución, siempre en el largo plazo, está en la igualdad de oportunidades, en la educación, la prevención, la concientización e implicación de la familia, de los amigos y del entorno, en primer lugar, y de las políticas públicas, en segundo lugar.
Es necesario que este tema esté presente en la agenda pública sin que medie una tragedia, y abrir espacios de conversación y abordaje de una cruel realidad que no puede ocultarse, tanto en los hogares como en los colegios, en los medios de comunicación y en los lugares de trabajo.
Educar en el respeto a la vida propia y ajena debe ser un pilar insustituible para la construcción del tipo sociedad que queremos legar a las próximas generaciones.
