Cada cierto tiempo, algunos políticos y autoridades, producto de la presión socia, en virtud del aumento de los hechos delictuales, proponen endurecer las penas, pretendiendo, equivocadamente, apoyar el concepto de disuasión, que -por todos es conocido- no se logra.
Los especialistas en temas penitenciarios saben que un individuo que delinquió se inserta mucho más eficazmente, tanto familiar y socialmente, cuando se trabaja con esas personas en el ámbito de la comunidad, pues se evita la contaminación criminógena tan difícil de erradicar y de sanar, en la convivencia entre iguales. La privación de libertad, en cambio, es una especie de cápsula que además de contaminar en muchos aspectos, oculta la realidad y las exigencias propias que demandan la calle y el ambiente laboral.
Por otra parte, mucho más amplio es el segmento que podemos abordar, con penas controladas en el medio libre, que al fin y al cabo, es el lugar en el que todo condenado al sistema cerrado en algún momento llegará.
Si bien es cierto que en esos espacios se puede rehabilitar, también lo es que son extremadamente reducidos y se encuentran colapsados, haciendo cada vez más difícil esta tarea.
La ciudadanía no debería perderse con los discursos oportunistas y tener la certeza de que los argumentos políticos obsoletos no tienen la contundencia que tienen los análisis técnicos y por supuesto, la experiencia comprobada de que la seguridad de un país reposa en la oportunidad que se les brinda a los sectores más desprotegidos, incluyendo a sus presos.
Lamentablemente, una de las grandes deudas de la sociedad chilena y sus gobiernos es el sistema carcelario, cuyos funcionarios son insuficientes y mal pagados, como también ocurre con los profesionales que atienden el cuidado de la salud de los reclusos, su enseñanza y la realización de actividades laborales y de recreación.
En el caso de la cárcel de Chillán, el informe del Instituto de Derechos Humanos es concluyente en cuanto a que no existen las condiciones terapéuticas para tratar a infractores por Ley de Drogas, como tampoco instancias efectivas de rehabilitación.
Estas limitaciones reducen la aspiración de recuperar socialmente a los presos y capacitarlos para el trabajo honrado en el futuro, una vez cumplidas sus condenas. Todo concurre, en cambio, para que el tiempo de prisión sirva para que el recluso se perfeccione en el delito.
Aunque el problema sea, como es evidente, de solución a largo plazo -y en nuestro caso considere la construcción de un nuevo recinto penal- exige la implementación de políticas públicas adecuadas, emprendidas sin demora, y no solo porque así lo impone el mandato constitucional y el sentido común, sino, además, por razones de estricta humanidad.
Quienes han delinquido deben pagar la deuda que han contraído con la sociedad, pero ello no implica que internándolos se les niegue la legítima posibilidad de rehabilitarse y volver a ser pares de sus semejantes.
