La Corte Suprema descartó la existencia de presos políticos en nuestro país, tras los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien aseguró lo contrario.
“Efectivamente tenemos presos políticos y no todos pero algunos que tienen que ver con pueblos originarios son presos políticos”, dijo la secretaria de Estado.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Si embargo, el Gobierno a través de la ministra Camila Vallejo, debió salir a aclarar la controversia.
“Nosotros no tenemos presos de conciencia, tenemos presos que fueron detenidos y detenidas en contexto de alta conflictividad política y social, y eso le da una connotación especial al abordaje de la problemática”, afirmó.
En el marco de un encuentro con periodistas vía telemática, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reiteró que en nuestro país no hay presos políticos.
“Ya he comentado que los presos políticos son propios de gobiernos dictatoriales o totalitarios, donde el hecho de ser opositor se transforma en un delito y en consecuencia se persiguen las opiniones”, explicó.
“En Chile no estamos en esa situación, estamos en un estado democrático y en consecuencia, las personas que están presas están imputadas o condenadas por delitos concretos o comunes, no porque sean opositores o por su pensamiento”, aclaró.
En esa línea, justificó la demora en la prisión preventiva a los trámites del proceso, descartando que esto tenga alguna otra motivación.
“No se corresponde con ningún tipo de sesgo político, ni persecución política, sino más bien con la naturaleza de las causas”, dijo.
En ese sentido, aludió al trabajo tanto del Ministerio Público, como de la Defensoría, a lo que se suma la pandemia, como las razones que explicarían los extensos tiempos en prisión preventiva de algunos imputados.
“Como Corte Suprema nosotros objetaríamos cualquier intento de criminalizar la política o la disidencia o la libertad de expresión”, señaló a Bio Bio Chile.
Destacar que según un informe de la Corte Suprema publicado por El Mercurio, son 29 los imputados por delitos asociados al estallido social, que están en prisión preventiva.
“Es importante que exista esta información, para que quede claro que no estamos hablando de decenas, ni de cientos de personas, sino que de un número acotado respecto de delitos también acotados ,y en algunos casos personas que tienen antecedentes anteriores”, destacó Vivanco al mismo medio.
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