No hay que perder el tiempo en discutir las culpas de nuestros ancestros, ocupación favorita de algunos revisionistas históricos. El hecho está ahí, innegable: Chile es un país concentrado y, lo que es peor, con una hasta ahora irreversible tendencia a seguir concentrando todo: poder político, población, riqueza, beneficios sociales, oportunidades culturales. Esto no quiere decir que no haya cierto desarrollo regional, pero su ritmo es incomparablemente menor que la inexorable fuerza centrípeta que nos atrapa.
De esta forma, se ha obstaculizado la diversificación de nuestro perfil productivo, vieja endemia de nuestra economía; aumentado la desigualdad social, profundizando la pobreza y haciendo ilusoria una mayor igualdad de oportunidades; se agigantan los efectos de la ineficiencia del Estado y se centraliza y aumenta la conflictividad social y política en Santiago: lo que pasa en la capital le pasa a Chile, lo demás son rumores lejanos. Y mención aparte para una consecuencia que merece aclaración adicional: convierte a la regionalización y a su inspiración de sana descentralización, en una mera retórica, porque una supuesta autonomía que no se apoye en un cierto grado de desarrollo de la economía local y financiamiento propio es ilusoria y solo cosecha sus propios defectos.
Y esta consecuencia es importante, más allá de que somos la segunda región más pobre del país, a raíz de una matriz económica poco diversificada y en extremo dependiente de las exportaciones de materias primas forestales y productos agrícolas con baja agregación de valor. Porque, en cualquier caso, todo ello se ve facilitado por un vicio estructural subyacente. Un sistema que en su madurez ha consolidado grupos de interés predominantes, y en un país asimétrico -como el nuestro- ha consolidado a los suyos y protegido de todo intento de reforma dirigida a quitarle poder al centro y transferirlo a las regiones.
En consecuencia, no debe extrañar la carencia de un modelo consensuado de descentralización entre los candidatos a la presidencia y menos que a nivel de las cúpulas políticas no muestren interés en resolver el tema por temor a generar competidores locales. Pasaron diez años para transferir un enclenque paquete de competencias y elegir a los intendentes, ahora llamados gobernadores regionales, aunque este proceso también estuvo marcado por criterios de cuoteo y balance político-partidista.
El diagnóstico no es nuevo, con mayor o menor brillantez lo han señalado valiosas voces intelectuales y políticas a lo largo de décadas. Los gobiernos también lo dicen y mucho más los gobernantes, sobre todo cuando son candidatos y buscan captar votos, no obstante siempre terminan sucumbiendo a la tentación de ejercer el poder centralizadamente, confirmando lo señalado hace 20 años por Mario Waissbluth: “En Chile, la descentralización es una tarea pendiente”.
Todo proyecto político de futuro responsable tiene que plantear estos dilemas y proponer las respuestas; no hacerlo es autoengaño y mentira, por omisión, al resto de la sociedad.
