En los últimos meses, un importante número de empresarios frutícolas han sido víctimas de robos millonarios en sus instalaciones, perpetrados por desconocidos que actúan de manera organizada, lamentablemente, de manera impune.
Se trata de un fenómeno que se ha vuelto recurrente en los últimos años y que ha arreciado con el tiempo, en que ha evolucionado el nivel de especialización de los delincuentes, ya que priorizan la sustracción de fertilizantes y productos fitosanitarios de alto valor y de tamaños compactos de fácil transporte.
Ante la nula acción de las policías y de la justicia para enfrentar esta problemática, los agricultores han invertido cuantiosas sumas para mejorar los niveles de seguridad de sus instalaciones, particularmente de sus bodegas, convirtiéndolas en verdaderos búnkers, con alarmas, cámaras de televisión, sensores de movimiento, e incluso, bombas de humo; de igual forma, han tomado medidas adicionales, como la restricción del acceso a los huertos o la reducción del tiempo de almacenaje, entre otras. Sin embargo, productores de varias comunas de la región siguen siendo víctimas de estos delitos, a vista y paciencia de la institucionalidad, de hecho, cuando estos desconocidos no logran el botín deseado, hurtan otros elementos, como herramientas.
Pequeños grupos de encapuchados ingresan a los campos, siempre de noche, y en menos de 15 minutos logran botines que van desde los $5 millones hasta los $20 millones. Reduciendo su exposición, se retiran a pie hasta uno o dos vehículos estacionados a decenas o cientos de metros, lejos de las cámaras. Los carabineros, más allá de concurrir al lugar y constatar la denuncia, no hacen mucho más. Lo mismo la PDI y el Ministerio Público, que, aduciendo insuficiente personal, priorizan otro tipo de investigaciones. Y la razón es muy simple, ya que la eventual detención de uno de estos sujetos, sólo significaría una acusación de hurto en lugar no habitado, lo que se sanciona con una multa de 1 UTM y la detención por 24 horas. Claramente, el resultado sería distinto si se investigara la organización que opera detrás de estos robos y, lógicamente, el mercado paralelo en el que se comercializan estos productos, que, como señalan los afectados, algunos tienen usos tan específicos, que el número de potenciales compradores es bastante acotado.
Para los productores, este fenómeno se ha instalado en la región en un contexto económico difícil para la agricultura, afectada por la caída de precios, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y las inclemencias climáticas, por lo que no son pocos los que han pensado en cerrar los huertos, una medida extrema que impactaría duramente el empleo, pues es conocido el intensivo uso de mano de obra de esta actividad.
De no haber un mayor compromiso de las autoridades políticas con el resguardo de la seguridad en las zonas rurales y la persecución de los delitos, asegurando los recursos para el trabajo policial y del Ministerio Público, y fortaleciendo su accionar, el estado de derecho seguirá cediéndole espacios a la ley del más fuerte, un escenario que nadie quiere volver a ver en nuestro país; sumiendo a la agricultura en un estancamiento con graves consecuencias económicas y sociales.
