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Proyecto que mejora calidad del gasto público irá a comisión mixta

La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó ayer parte importante de las modificaciones del Senado al proyecto que mejora la calidad del gasto público, aumenta los estándares de probidad y transparencia, e introduce principios de economía circular en las compras del Estado.

Un grupo de disposiciones se apoyó por 133 votos a favor, mientras que otro, que requería un quórum de aprobación de 78 votos favorables, contó con 136 votos a favor y 2 abstenciones.

No obstante lo anterior, hubo múltiples observaciones a algunas de las enmiendas. Tal hecho generó varias votaciones separadas que derivaron en rechazo. Con ello, las discrepancias se deberán abordar ahora en una comisión mixta con el Senado.

En términos generales, la iniciativa propone incorporar elementos como la ampliación del ámbito de aplicación, procedimientos más competitivos, nuevos procedimientos de contratación pública, uso eficiente de los recursos públicos y gestión de los contratos.

Asimismo, busca establecer la modernización y ampliación de los sistemas de información; mejoras al Tribunal de Contratación Pública; nuevas facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública; mayor probidad y transparencia, impulso a la participación de empresas de menor tamaño (EMT) y fomento a la innovación y la sustentabilidad.

Beneficios para empresas de menor tamaño

A nivel local, el diputado ind.-DC, Felipe Camaño, manifestó que este proyecto “es una muy buena oportunidad para dotar de transparencia al Estado, incluidos los municipios del país, en tiempos en que se descubren irregularidades y delitos derivados del trato directo. Este proyecto lo reduce y lo reglamenta, y hace que la regla general sea la licitación pública”, afirmó.

También introduce, afirmó Camaño, “publicidad a las compras públicas y a las licitaciones, haciendo que las comunidades puedan enterarse de cómo y por qué se gasta cada peso en el mundo público, incluidos los municipios. Se moderniza todo el sistema de compras públicas y la institucionalidad detrás de esto, y se otorga la facultad al Ministerio de Hacienda para proponer políticas públicas en materia de compras públicas más eficientes y más transparentes, que garanticen la correcta aplicación de los recursos”.

Por último, dijo, “se reconoce la plataforma legal de reclamos en procesos de compra. Esto es una tremenda oportunidad para modernizar el Estado y hacer más amigables y más cercanos a las comunidades los procesos de compra y el gasto de recursos del Estado”, aseveró.

Según la diputada de la UDI, Marta Bravo, “todos sabemos que un buen sistema que regule las compras públicas es indispensable para un país como el nuestro, en que existe infinidad de problemas, y que no todos pueden ser resueltos por el Estado. Por eso es que, más que nunca, requerimos avanzar en mejoras que protejan a los participantes, pero sobre todo, que garanticen un correcto uso de los recursos públicos, minimizando cualquier posibilidad de que existan faltas a la probidad”, resaltó.

Su compañero de bancada, Cristóbal Martínez, también respaldó la iniciativa.

“Por supuesto que vamos a empujar con mucha fuerza todos los proyectos de ley que permitan mejorar el gasto público e incrementar los estándares de probidad y de transparencia en nuestro país, sobre todo cuando estamos hablando de los tratos directos que suelen realizar las instituciones o municipios con particulares. El sistema de compras públicas tiene especial relevancia en nuestro país, y por eso aprobamos este proyecto de ley, porque viene a introducirle mayor competencia y a fomentar la participación de las empresas de menor tamaño o que no suelen tener las mismas ventajas que otras”, afirmó.

Martínez aprovechó de aclarar que “es importante no confundir a la ciudadanía con el actual caso de corrupción que involucra al Gobierno. El caso de las fundaciones ligadas a partidos oficialistas no se produjo por falta de norma o leyes, sino porque un grupo se concertó para defraudar al Estado, y por eso la Fiscalía abrió distintas investigaciones”, manifestó.

Desde RN, el diputado Frank Sauerbaum afirmó que se trata de un proyecto “muy positivo, porque lo que hace en el fondo es ampliar la competencia de la ley a todos los órganos del Estado. Hoy día solamente es aplicable a los órganos de administración del Estado, quedando fuera, por ejemplo, el Poder Judicial, las corporaciones municipales, entre otros organismos. Y también aplicamos aquí fundaciones, ciertos receptores de fondos públicos de la ley 19.862, porque hoy día solamente están reguladas por un reglamento. Por lo tanto, aquí se ponen mucho más rígidos y estrictos para poder entregar recursos fiscales”, aseveró.

Agregó que hay muchas mejoras que, en el fondo, “profundizan el fomento a la pequeña empresa para poder participar de las plataformas de Chile Compra y también les da facilidades de asociación y garantías para poder ofrecer servicios al Estado. También hay cambios que se relacionan con compras públicas que pudieron ser incorporadas, con el fin de reducir la discrecionalidad, que finalmente permitió el caso de las fundaciones que hemos visto estos días. Estamos satisfechos en la medida que también este proyecto va a excluir de la aplicación de la ley de compra a los contratos de obra, por ejemplo, del Serviu, que tiene que ver con otro tipo de acceso a beneficios del Estado, y se van a impedir estas asignaciones directas que hasta el momento hemos conocido”, manifestó.

En tanto, para la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, “es urgente establecer requisitos más estrictos para el uso de los recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia. Estoy totalmente de acuerdo con que es crucial garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de fondos estatales. Los contratos directos pueden ser una herramienta útil en casos de emergencia, pero también pueden mal utilizarse si no se establecen fiscalizaciones adecuadas”, dijo.

Concha añadió que “se ha visto en los últimos días que cuando hay mala intención, ninguna norma vigente es suficiente, por lo que es importante contar con un rol fiscalizador fuerte y efectivo”.

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