En enero pasado, un grupo de familias fueron desalojadas de los terrenos donde la desaparecida Cooperativa Ángel Gabriel debía edificar un complejo habitacional que tras 20 años quedó en nada, afectando a quienes formaban parte del proyecto y que se negaban a abandonar el lugar ubicado en Parque Lantaño.
Sin embargo, parte de su drama comienza a quedar en el pasado, gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad de Chillán y la Seremi de Vivienda y Urbanismo que les otorgaron subsidios de arriendo y vivienda a cinco familias.
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“Es una alegría muy grande para mí, somos cinco personas que fueron desalojadas, fue una situación en la que nos sentimos muy castigados, quedamos súper mal, pero ahora estamos agradecidos por la ayuda”, fueron las palabras de Eugenia Troncoso, una de las afectadas por la ex cooperativa cuyos dirigentes fueron procesados judicialmente, generando la posterior quiebra.
Si bien el problema se generó entre entes privados, la Municipalidad y la Seremi de Vivienda realizaron las gestiones para buscar una solución a parte de las familias afectadas las que en el 2002 entregaron sus ahorros para concretar un barrio que proyectaba aglutinar a cerca de 1.500 personas, quedando algunas casas a medio terminar.
La directora de DIDECO, Zoraya Martínez, valoró el trabajo mancomunado que beneficia a un grupo de chillanejos y chillanejas. “Las familias merecen una acción solidaria conjunta entre las instituciones, a pesar de los temas legales, los vecinos siempre tuvieron la esperanza de quedar en dicho terreno, pero la acción judicial y de privados se lo impidió. Como institución coordinamos para materializar la entrega de subsidios que les permitirá proyectar un arriendo y una vivienda propia”.
El seremi de Vivienda, Antonio Marchant, agregó que “esta necesidad nace desde la Municipalidad y el alcalde Camilo Benavente, junto a la directora de DIDECO, nos llamaron a esta misión para encontrar una solución a un problema entre privados para lo cual el municipio evacuó algunos informes y nosotros nos comprometimos a una asignación directa para una solución habitacional y así mermar un poco el gran problema que tuvieron”.
Cabe recordar que la justicia determinó la malversación de fondos de los cooperados por un monto cercanos a los $1.000 millones y ante lo cual muchos desistieron del proyecto en el corto plazo.
