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Vistoso desalojo en viviendas de ex cooperativa Ángel Gabriel

Mauricio Ulloa

Un vistoso operativo policial se produjo durante la mañana de ayer en el sector Parque Lantaño. En el lugar una decena de familias fueron desalojadas desde sus viviendas por orden judicial tras una denuncia presentada por la empresa dueña del terreno.

Las viviendas fueron levantadas originalmente por la desaparecida Cooperativa Ángel Gabriel, un caso que generó conmoción pública en Chillán el año 2002 luego de la detención de dos de sus máximos dirigentes, acusados de malversar los fondos de los cooperados, desatando la quiebra de la entidad.

La empresa funcionó durante tres años y al ser fiscalizada por el Departamento de Cooperativa del Ministerio de Economía, en el mes de junio de aquel año, se detectaron irregularidades como la apropiación indebida de dinero, falsificación de documentos públicos y privados, entre otros delitos.

Cerca de 1.500 pobladores de escasos recursos perdieron la totalidad de sus ahorros que sumaron, en total, más de 1.000 millones de pesos. La jueza (s) del Segundo Juzgado, María Inés Sciolla, decretó entonces la incautación de todos sus bienes y antecedentes contables para establecer el monto total de la estafa.

En medio de la quiebra, ya se habían iniciado las obras de levantamiento de las primeras viviendas, las cuales quedaron finalmente a medio terminar. Luego que muchos cooperados demandaran a la empresa por estafa, las casas quedaron en manos de otros integrantes que se negaron a abandonar el lugar, mientras que otros vendieron derechos sobre esas propiedades tal como estaban y otras personas simplemente se tomaron las estructuras, según recordaron en su momento varios de los primeros cooperados a La Discusión.

20 años después, y agotadas todas las instancias, la justicia autorizó el desalojo puesto que la actual empresa propietaria del terreno se ve impedida de disponer de este bien. Con ello comenzó la inmediata demolición de las viviendas.

Ayer, algunos moradores afirmaron que ellos compraron derechos que los acreditarían como propietarios.

Según trascendió, tanto el Serviu como el municipio de Chillán ya habían ofrecido subsidios de arriendo y apoyo para la postulación a las familias afectadas.

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