En la sesión de Concejo Municipal del martes pasado el nuevo equipo de ediles debía tomar la decisión de aprobar (o no) la licitación para el recambio de semáforos en la ciudad de Chillán, y que en el papel se le adjudicaba a la empresa santiaguina Auter S.A.
“Mire, la verdad es que vamos a entrar a la sesión con un rosario en la mano y tendremos que aprobarlo y que sea lo que Dios quiera”, dijo resignado el concejal Patricio Huepe.
Lo anterior, debido a que “no tenemos mayores conocimiento de un aspecto de carácter ético que involucra a esa empresa y que nunca se nos había informado al respecto. Fue la concejala Quenne Aitken quien nos envió un artículo de prensa que encontró y que hablaba de los conflictos éticos que, acá en la Municipalidad, nadie se tomó la molestia en advertirnos”, aclaró.
El artículo que compartió la concejala (PC) a sus colegas había sido publicado por el diario La Tercera y exponía una relación sentimental entre una de las gerentes de la empresa Auter S.A. (Ofelia Iturra) y el técnico eléctrico y uno de los fundadores de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (Jorge Moscoso), entidad que a nivel nacional decide qué tipo de dispositivos pueden o no ser aprobados; y quien además, participó como asesor para las licitaciones en diferentes comunas del país.
Esto, y que Auter S.A. tenga casi el 70% de las licitaciones del país a su haber, fue lo que generó desconfianza en Aitken.
“Es que ya sabemos de otras licitaciones en Chillán que también tenían historias medias raras y ya todos sabemos en qué terminó eso. Evidentemente, no queremos que nos pase a nosotros, a este equipo nuevo de concejales, lo mismo que con el Caso Led”, dijo Quenne Aitken.
Sin embargo -y lo saben- a estas alturas no hay vuelta atrás.
La propuesta de Auter está totalmente en regla. Cumple con todos los requisitos legales, con todas las exigencias técnicas, cuenta con la garantía de la trayectoria y suma experiencias en muchas ciudades del país.
E incluso, cobra considerablemente menos que su única competencia en esta licitación, por lo que “no tenemos nada para negarnos, es más, tendríamos problemas legales si lo hiciéramos y no podemos rechazarlos sólo por asuntos de desconfianza”, añadió la edil.
Pese a todo, el martes pasado no se aprobó nada. Los concejales decidieron aferrarse del máximo plazo legal y esperar una semana más, por si descubren algo que los haga frenar la operación.
Volviendo al concejal Huepe: “Lo que pasa es que, ¿para qué estamos con cosas?, aquí quedamos todos saltones con lo del Caso Led y no sólo por la imagen de corrupción que le significó al municipio, sino porque dejó una crisis de confianza interna muy grande entre quienes trabajamos allí, no me refiero sólo a los concejales, sino que también a los directores”.
Como si fuera poco, una vez que estallara el caso Led, dejando a dos altos funcionarios del consistorio local en prisión preventiva, meses después, el Ministerio Público abrió una nueva investigación por la licitación de los camiones aljibe; se abrió un sumario por la de las áreas verdes, se reveló que hubo millonarias multas que no se cobraron e incluso, se puso en duda la transparencia de la licitación de la mantención de las canchas sintéticas del fútbol amateur.
El alcalde Camilo Benavente ordenó una auditoría total para conocer el estado real de la Municipalidad de Chillán y anunció una serie de medidas para buscar transparentar las decisiones administrativas que se realicen bajo su periodo.
Aún no se conoce el resultado de esa auditoría.
El rol de la Contraloría
El jefe comunal anunció que en adelante le pedirá a la Contraloría Regional participar de todas aquellas licitaciones no directas que se realizan a nivel municipal y cuyos montos superen los $200 millones.
Esto, considerando que “Contraloría no tiene una obligación de visar en su elaboración las bases de licitación más onerosas que surgen del municipio, sin embargo, hemos conversado y se ha manifestado la voluntad de que el ente contralor tenga participación en aras de la transparencia de estos procesos”, aclaró el director del departamento jurídico municipal, abogado Gonzalo Guajardo.
Independiente de las garantías que el equipo contralor pueda, en teoría, darle a los concejales en su rol de fiscalizadores, la concejala Brígida Hormazábal no pasa por alto que esta entidad fue criticada, precisamente, por no advertir irregularidades no sólo en lo sucedido en Chillán, sino en otros conflictos, como los enredos económicos que llevaron al exalcalde Felipe Aylwin y 
a un grupo de nueve funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo a tribunales.
Y aunque finalmente fueron absueltos por las acusaciones de fraude que teorizó la Fiscalía, los mismos acusados admitieron que se cayó en un gran desorden administrativo, por el que los funcionarios de la Contraloría tuvieron que prestar declaración en ese histórico juicio.
“Lo que llama la atención es que cada vez que se destapan estos casos, en los que se supone existe control y fiscalizaciones, salen a la luz porque alguien va y hace una denuncia, pero no es porque los organismos encargados hayan detectado irregularidades a tiempo”, sostuvo.
Hormazábal agregó que “ha habido muchas quejas contra la labor de la Contraloría, por eso, nosotros mismos muchas veces acudimos a la Contraloría Nacional, porque lo que se hace acá no nos deja muy tranquilos. Sin ir más lejos, todavía estamos a la espera de los resultados de la auditoría que venía arrastrándose de atrás. Aún no conocemos ese informe sobre todas las irregularidades que se han denunciado, ni siquiera sabemos en qué condiciones está el municipio”.
Aunque similar en líneas generales, el concejal Joseph Careaga critica más las atribuciones limitadas de la Contraloría, por sobre su capacidad fiscalizadora.
“Ellos son como una cuchara, no cortan ni pinchan, esa es la verdad. Cuando nos vemos enfrentados a dudas, ellos sólo nos dan una pauta de cómo proceder, pero nada más, pero el problema es que no tienen más atribuciones, no pueden ir mucho más allá de lo que hacen”.
Un asesor para el Concejo
En el Concejo no hay dos posturas respecto a lo que en adelante debería ser su actuar frente a futuras licitaciones.
“Nosotros ya lo hablamos y nunca más nos vamos a dejar presionar por ningún director ni por nadie para tomar alguna decisión. Exigiremos que se nos entregue la información adecuada y a tiempo, sin esconder detalles”, enfatizó Brígida Hormazábal.
Sin embargo, están conscientes de la necesidad de contar con asesoría técnica y externa respecto a ciertas materias a revisar.
“Todos tenemos debilidades, porque nadie en el mundo se maneja en todas las áreas, menos cuando se trata de temas que revisten conocimientos demasiado específicos o técnicos, como lo vimos en la licitación por las luminarias led”, advierte.
Es por esta razón que por unanimidad, en la pasada sesión y con el alcalde Benavente en sala, se acordó disponer de recursos para contratar un asesor que pueda orientar al concejo municipal en aquellos casos en que se deban enfrentar a estudios y análisis complejos.
“La idea me parece buena y necesaria, siempre y cuando no se trate de alguien que se nos imponga por parte de la Municipalidad. En el fondo, lo que esperamos es que no se trate de alguien que tenga más que ver con intereses políticos que netamente técnicos”, sugirió.
Desde la alcaldía, aclararon que este asesor será contratado con fines muy específicos y ante situaciones igual de específicas, de modo tal que más que influir en la decisión final, solamente aclare las dudas que puedan surgir en el ente fiscalizador.
Quedará por definir ese “cuándo” se esté ante un escenario que requiera de un asesor para los concejales.
“Lo que pasa es que, en especial los concejales que son nuevos, aún tienen algunas confusiones, por ejemplo, uno me preguntaba si era posible que las bases de las licitaciones las pudiésemos hacer nosotros; le tuve que explicar que esa no era nuestra función”, advirtió la concejala Hormazábal.
Por tal razón, argumentó que “a mi parecer, los concejales nuevos deberían pasar por un proceso de inducción, para que aprendan ciertas nociones sobre estos temas administrativos, porque son muy importantes para nuestra función”.
Esto, que puede parecer una crítica a los nuevos integrantes del Concejo, es visto -por el contrario- como una “muy buena idea, porque sin duda es algo que necesitamos”, a juicio de la concejala Marina Crisóstomo, una de las que inició su periodo en el municipio este año.
Fundamentó que “es evidente que necesitaremos contar con apoyo técnico si queremos hacer bien nuestra tarea y darle seguridad a la gente. No existe algo así como una Escuela Para Concejales de la que una egrese antes de postular, entonces,
lo que dice Brígida más que una crítica lo tomo como una idea que sería ideal se considere como una iniciativa”.
Mejorar las confianzas
Asesorías técnicas para situaciones complejas; apoyo de la Contraloría en la revisión de los procesos de licitación; contar con los plazos adecuados y sin lobbys ni presiones para tomar alguna decisión respecto a los contratos.
Eso es, en resumen, lo que busca el actual concejo para “profesionalizar nuestra actividad”, como sintetizó Quenne Aitken.
El problema es que tienen de por medio toda una máquina burocrática y normativa que no le pone, precisamente, miel a las hojuelas.
“Fíjate que para pedir un informe a un director, tenemos que hacerlo a través del alcalde; éste, luego debe solicitárselo al administrador municipal; y a su vez, éste le tiene que hacer la solicitud al director. Entonces, hay una burocracia enorme para poder conseguir algo tan necesario como un informe”, acusó Joseph Careaga.
Sin embargo, para cada uno de los ediles la clave para mejorar esta crisis de confianza que se arrastra desde administraciones pasadas entre jefes de unidad y concejales, es sin duda la comunicación.
“Las comisiones técnicas son muy cerradas, por ley no tenemos acceso a eso, ni podemos meternos en las bases, por eso creo que la comunicación es fundamental”, añadió Hormazábal.
Finalmente, Marina Crisósotomo sugirió que “tenemos que dar confianza para luego pedir cosas. Es tremendo lo de la burocracia, pero ya estamos teniendo diálogos directos con algunos directores y eso nos ha permitido avanzar en varios temas”.
En cuanto a las licitaciones pendientes, siguen en carpeta la de los semáforos, áreas verdes, los APR y, por supuesto, la de las led.
