El crecimiento urbano demanda cada vez más áridos y los cauces de la región se han convertido en la principal fuente de materia prima para el desarrollo de proyectos viales e inmobiliarios. Sin embargo, la extracción de áridos, sin una adecuada regulación, puede causar severos impactos en el medio ambiente, lo que incluye también sus efectos en las personas.
Recientemente, el tema saltó a la agenda debido a la sospecha de que en algunos sectores fue la causa del desborde de ríos que causaron daños de diferente magnitud a viviendas, cultivos e infraestructura vial.
Las presunciones no son aventuradas. Cuando la extracción de áridos no se ajusta a la normativa, puede acarrear consecuencias negativas. En materia medioambiental produce la degradación del río, asociada a la profundización del cauce; afectando la vegetación ribereña nativa.
Pero uno de los efectos más importante es que produce inestabilidad en las obras de infraestructura. De hecho, se presume que la extracción ilegal de áridos contribuyó al debilitamiento de varios puentes que colapsaron el pasado fin de semana. Ello se debe a una extendida práctica de retirar material pétreo debajo de los puentes para evitar ser vistos.
Igualmente, tiene otras consecuencias relacionadas con el normal curso de las aguas y la remoción de sedimentos que se acumulan de forma natural que pueden terminan cambiando el cauce normal y provocando inundaciones.
La normativa vigente establece que en cualquier extracción de áridos que se quiera hacer hay que elaborar un proyecto técnico que defina las cantidades que se van a sacar y los lugares específicos, con las coordenadas definidas para su posterior fiscalización. Y aquí aparecen dos problemas, por una parte actuaciones ilegales donde derechamente se incumple la norma y por otra, una débil o nula fiscalización, de las actividades ilícitas y de las autorizadas en cuanto a no exceder los máximos permitidos, de modo que no existe la menor idea de si las empresas autorizadas efectivamente están cumpliendo con lo establecido en los permisos ambientales
Según denuncian regantes y agricultores, los municipios no fiscalizan y la opacidad en los permisos está a la orden del día, y no se puede descartar que se registren hechos de corrupción.
Se trata de proyectos que con mínimas inversiones han obtenido grandes ganancias con materia prima concedida gratuitamente, sin un beneficio económico para las comunidades, y que ponen en riesgo vastos terrenos agrícolas, impactando negativamente los ecosistemas y asentamientos humanos.
La realidad es que el efecto acumulativo de años de operación y de varios pozos en un cauce no se ha medido adecuadamente, porque en las declaraciones de impacto ambiental no existe un estudio de línea base y menos un diagnóstico de la cuenca.
Es de esperar que la preocupación generada a partir de los recientes desbordes de ríos e inundaciones sea la oportunidad para mejorar los procesos de aprobación y fiscalización del lucrativo negocio de la extracción de áridos en nuestra región.