La alta informalidad laboral que exhibe la Región de Ñuble, que en el trimestre agosto-octubre de 2019 alcanzó a 36,7% según el INE, es una de las manifestaciones del poco desarrollo del mercado laboral local, así como de la precariedad de los empleos, lo que está asociado a salarios más bajos y a una menor protección social. La tasa de Ñuble es la cuarta más alta del país y supera el promedio nacional de 29,1%.
Las actividades productivas estacionales, con poco valor agregado, como la agrícola, contribuyen a este fenómeno con un peso relativo mayor, dada la importancia de este sector económico en la región. Pero también hay que poner atención a otros factores, como la rigidez de la legislación para los empleos temporales, con un alto costo de desvinculación, lo que en la práctica desincentiva la contratación formal. En ese sentido, la evidencia indica que las reformas, como el llamado estatuto del temporero agrícola, deben apuntar hacia normas más flexibles, que se adapten a la realidad del sector, y no hacia una mayor rigidización, que pretende regular de igual forma las condiciones de trabajo de la industria urbana del siglo 20 con la fruticultura del siglo 21. Frente a ello, es fundamental que el debate legislativo sea más técnico y menos ideológico.
Asimismo, los bajos salarios que exhibe el mercado laboral regional, en un contexto de menor calificación, se convierte en un desincentivo para el trabajador dado el costo de oportunidad que significa destinar más del 20% a prestaciones sociales. Frente a ello, el proyecto de ley de ingreso mínimo constituye un incentivo a la formalización, ya que el subsidio solo se entrega a quienes tengan contrato.
Un caso recurrente es el de aquellos que prefieren trabajar sin contrato para no perder los beneficios sociales que entrega el Estado a las familias más vulnerables, como los bonos, una suerte de fraude tolerado por la sociedad que se justifica en la constatación de una realidad: Hay miles de personas que pese a tener un trabajo siguen siendo pobres. Por lo anterior, también es importante que se generen mayores incentivos a la contratación, vinculando ciertos beneficios a la existencia de un contrato o ampliando la cobertura de los aportes del Estado a segmentos más amplios, de manera de transparentar la distribución de estos recursos y contribuir a disminuir las lagunas previsionales -ya conocemos su efecto en las pensiones- y a reducir la exposición al riesgo que genera la informalidad en la relación laboral.
Pero más allá de las leyes que se aprueben o los incentivos que se creen, la reducción de la informalidad laboral también exige un cambio cultural, vale decir, educar a los trabajadores sobre sus derechos laborales y sobre la importancia de cotizar, con mayor razón en el contexto actual, donde el debate sobre la reforma previsional está muy presente en la agenda.
Y finalmente, es muy importante mejorar la fiscalización de la informalidad en sectores formales, con mayores multas a los empleadores infractores.
La informalidad laboral no es solo un problema de un tercio de los trabajadores, sino que una preocupación de toda la sociedad, tanto desde una perspectiva moral que demanda mayor equidad, como desde la económica, que plantea la necesidad de desarrollar el mercado laboral y financiar las pensiones del futuro.
