El 22 de enero la Comisión de Evaluación Ambiental votará la autorización ambiental para construir el embalse Zapallar, el segundo mayor acumulador de agua para riego que tendrá la región de Ñuble, cuya inversión se estima en 349 millones de dólares.
Se trata de un hito clave para este proyecto que beneficiará a más de 1.100 agricultores de San Ignacio y El Carmen, principalmente pequeños, porque al asegurar el riego de 10 mil nuevas hectáreas brindará la posibilidad de reconvertir los cultivos de la zona, de baja rentabilidad, por otros más intensivos y más rentables, como los frutales y las hortalizas.
Por tratarse de comunas con altas tasas de pobreza (entre las mayores de la región) y bajos niveles de desarrollo humano, esta obra de riego es vista por muchos como un potente apalancador de inversión privada, pero fundamentalmente, como una efectiva herramienta de movilidad social.
El Zapallar, que se emplazará en la zona alta del río Diguillín, inundará 325 hectáreas en las comunas de Pinto y El Carmen, y es una obra complementaria del sistema Laja-Diguillín. Durante su construcción demandará 400 trabajadores en promedio.
Por las razones antes expuestas, así como la necesidad de enfrentar el cambio climático, el Gobierno se inclinó por el modelo de financiamiento directo con recursos fiscales para concretar el embalse Zapallar, que se proyecta en el río Diguillín, en el límite de las comunas de Pinto y El Carmen.
La decisión del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego (CNR) constituyó un importante espaldarazo para este proyecto y lo sacó de la postergación que sufrió en la administración de Piñera, empecinada en financiarlo a través del sistema de concesiones.
Pero ese no ha sido el único obstáculo. De hecho, su evaluación ambiental no ha estado exenta de dificultades y por lo mismo es tan relevante lo que ocurra dentro de 15 días. De hecho, éste es el segundo EIA. El primero, que se presentó en septiembre de 2019 fue retirado dos meses después por la DOH, para resolver las numerosas observaciones presentadas por 15 servicios públicos.
Entretanto, la oposición al proyecto, que antes se reducía a un pequeño número de familias sin voz y agrupaciones ambientalistas, ha sumado adherentes en San Ignacio y El Carmen, que incluso, han realizado manifestaciones en la vía pública.
Este segundo EIA también ha enfrentado cuestionamientos. En la primera etapa, 17 servicios públicos presentaron observaciones, en 2020. Un año después el MOP presentó la adenda N°1 con las respuestas, pero no dejó conformes a 11 servicios públicos, a lo que se sumó un nuevo proceso de participación ciudadana en que se reiteraron las aprensiones de la comunidad, originando nuevos cuadernos de respuestas y nuevas medidas de mitigación y compensación por los impactos ambientales que generará esta importante obra de riego que inunda terrenos que se encuentran dentro de la Reserva de la Biósfera Nevados de Chillán-Laguna del Laja, un corredor biológico de gran valor que debemos preservar.
