Las urgencias muchas veces desvían la atención de las cosas importantes. La economía aun debilitada, reponiéndose muy lentamente de la crisis post covid, un gobierno debilitado tras el escándalo del Caso Fundaciones, los conflictos políticos y las disputas de poder hacen un flaco favor a la intención de pensar el futuro, sobre todo el rol del Estado y del sector privado en la economía y en la sociedad, cuestión que adquiere una relevancia singular cuando vemos que el actual debate político y sus voces dominantes amenazan con conducirnos a una regresión en vez de orientarnos a modelos superadores.
Tomando distancia de la coyuntura, conviene anclarse en principios que sirvan a una nueva mirada más profunda y duradera sobre las políticas y las iniciativas de los actores de la sociedad. Fundar las conductas personales y colectivas en valores permite elevar el horizonte de nuestras metas y dotar de certeza a nuestras decisiones.
Uno de estos principios es el del destino universal de los bienes, en tanto los recursos de este mundo deben estar para usufructo de todos, no solo de los que tienen más poder acumulado. El otro –ampliamente expuesto y discutido en el actual proceso constitucional- es el de subsidiariedad, que para funcionar requiere de instituciones empresariales sólidas, con independencia de criterio para ejercer su papel, evitando caer en el oportunismo político.
Lamentablemente, en Chile la reputación empresarial cotiza a la baja después de bullados casos de corrupción, de uso y abuso de información privilegiada en el mercado bursátil, de colusión de precios y abusos de los consumidores, de acusaciones por financiamiento ilegal de la política y elusión tributaria. Y por lo mismo, cuesta entender que entidades que tienen una alta representación e influencia como la CMPC y la Sofofa hicieran tantos esfuerzos por evitar que se dicte una ley que busca terminar con la impunidad en los delitos económicos al establecer un enfoque diferenciado, reconociendo su impacto social. Finalmente, no lograron su objetivo y ayer el Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambientales, también conocida como ley contra delitos “de cuello y corbata”.
Esta iniciativa es parte de la agenda anti abusos del Gobierno y tiene como objetivo castigar la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción, modificando la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Desde el punto de vista social, también busca dar una potente señal de igualdad ante la ley, frente a la arraigada sensación que cuando se trata de personas adineradas e influyentes pareciera que la justicia no es ciega y se corre la venda que le cubre los ojos para mirar a quien está juzgando y, finalmente, absolverlo.
La corrupción pública y privada es una patología que destruye un diseño social basado en un orden justo, y por lo mismo, no debe tener cabida en una sociedad que aspira a la prosperidad y al desarrollo.
