El Día Mundial del Medio Ambiente, que instauró la Organización de Naciones Unidas(ONU) en 1974 para llamar la atención acerca de los problemas más acuciantes del planeta, se conmemoró ayer bajo el lema #SinContaminaciónDelAire, tema que nos toca directamente, pues vivimos al menos 5 meses del año en una de las ciudades más contaminadas de Chile.
El informe difundido por ONU revela que el aire contaminado mata prematuramente a 800 personas cada hora en el planeta. En Latinoamérica, más de 300.000 personas mueren cada año a causa de la mala calidad del aire. Además, precisa que los costos de la contaminación atmosférica exceden US$5 trillones al año, según antecedentes entregados por el Banco Mundial.
Las regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental son las más afectadas en el mundo. En América Latina varias capitales no cumplen los estándares de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas Santiago, Lima, Ciudad de México, La Paz, Buenos Aires y Sao Paulo.
Pero no siempre las capitales son las más afectadas. A menudo son ciudades más pequeñas las que se llevan la peor parte y la nuestra es una de esas.
Agredida por la humareda proveniente de las estufas a leña, la atmósfera de la intercomuna Chillán-Chillán Viejo es una mezcolanza de sustancias para nada benignas que cada año, en otoño e invierno, dispara las consultas de urgencia por males respiratorios en los establecimientos de salud. De hecho, las estadísticas provenientes del sistema público de salud, al ser cruzadas con los informes de calidad del aire y episodios críticos, muestran que los peak de atención por infecciones respiratorias agudas -como bronquitis, neumonía, influenza, crisis obstructiva bronquial y otras- se dan el mismo día o al día posterior de aquel en donde se produjeron los más altos niveles de contaminación.
Lamentablemente, nuestra comunidad -o por lo menos gran parte de ella- todavía no tiene conciencia de esta amenaza, que es un peligro para la salud pública y no se advierte una real voluntad de llevar a cabo una acción masiva tendiente a, por lo menos, paliar las causas de la contaminación.
Es evidente que se requiere una mayor conciencia y fiscalización, pero ello debe ir aparejado de una mejora en la calidad de nuestra matriz energética. Se trata de un objetivo muy complejo, pero por lo mismo debería ser un estímulo para aplicar la inteligencia y las imprescindibles decisiones políticas a la tarea de purificar el aire que respiramos.
Los más vulnerables son siempre los que pagan el precio más alto en términos de degradación ambiental. Y es deber de los Estados protegerlos, tal como lo consignó en su reporte de marzo de 2019 el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd.
La sociedad civil tiene mucho que aportar, informándose y ejerciendo presión. Pero es deber del Estado promover las políticas públicas que son necesarias y urgentes para reducir las emisiones que contaminan el aire, y no solo para tener un efecto positivo inmediato al mejorar nuestra calidad de vida, sino para que las próximas generaciones puedan efectivamente ejercer su derecho a vivir en un medio ambiente saludable.
