La extracción de áridos es un lucrativo negocio con presencia en diferentes comunas de Ñuble, que mueve cada año entre 5 y 7 millones de dólares y que desde hace un buen tiempo viene haciendo noticia por sus impactos ambientales, la levedad de la legislación que lo regula y la disparidad de criterios que aplican los gobiernos comunales para otorgar los permisos.
El tema no es nuevo, pero sí ha cobrado actualidad por la controvertida aprobación que otorgó el concejo municipal de Chillán a la extracción de material desde el cauce del río Chillán, que terminó evidenciando falta de experiencia del nuevo gobierno comunal y deficiencias de información al momento de evaluar el asunto, y finalmente dividiendo a los ediles entre los partidarios de anular el proceso y aquellos que están por mantener lo decidido. Los primeros argumentan que habría incumplimientos al protocolo de protección medioambiental por parte de la empresa y eventuales riesgos de inundación para sectores de Las Mariposas e incluso de Los Volcanes. Para los segundos, la aprobación se ajustó a la ley y la ordenanza actualmente vigente y no se puede deshacer, aunque coinciden con sus pares en que las regulaciones deben cambiarse.
En efecto, este episodio no solo ha despertado suspicacias entre quienes se oponen a ese proyecto en particular, sino también ha dejado en evidencia la levedad de la legislación y una serie de vacíos en materia de fiscalización para un negocio que aparentemente es muy conveniente, pues las concesiones se obtienen prácticamente gratis y las inversiones son relativamente bajas, no así las ganancias que pueden ser millonarias. Además, las empresas que extraen áridos suelen asociarse a compañías que ejecutan grandes obras y obtienen desde los municipios la condonación de patentes, por lo que no tributan en las comunas donde causan los impactos ambientales y sociales por esta actividad.
Es evidente que los áridos son necesarios. En sus diferentes formas se usan en aplicaciones muy variadas, llegándose en la actualidad a consumos extraordinariamente masivos en prácticamente todos los países del mundo, Chile incluido. Sin embargo, la gran diferencia con otras naciones es que aquí las regulaciones que rigen al sector no se encuentran bien establecidas. Uno de los aspectos más significativos tiene que ver con la carencia de una política nacional que recoja el reconocimiento y la importancia que este insumo tiene para la construcción, como también los impactos ambientales y sociales que provocan su disminución o sobreexplotación. Es por esto que resulta necesario que el Estado se haga cargo de aspectos como el ordenamiento territorial, la variedad tipológica de extracciones, el rol que cumple esta actividad en la economía, la incorporación de las comunidades afectadas en la tramitación de los permisos y una fiscalización adecuada para que estos proyectos no se conviertan en pasivos ambientales.
Los vacíos y opacidad en los aspectos antes señalados continúan entrampando la transparencia del rubro y reclaman una regulación eficaz para hacer frente a un problema que puede transformarse en una muy mala herencia para las futuras generaciones.
