Con molesto asombro reaccionó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, la información corroborada por La Discusión respecto a que los cuatro drones que en 2019 habían sido incorporados a la ciudad conforme a lo que ordena la Ley Calle Segura, desde el pasado 15 de septiembre no estaban operando.
No solo eso. Todo el equipo que lo operaba o fueron desvinculado o reubicados dentro de otras tareas en la Delegación Presidencial de Ñuble.
“Qué quieres que diga. Me parece lamentable y hasta irresponsable que con los problemas de seguridad y delincuencia que nos están afectando como país, como región y como comuna se haya tomado este tipo de decisiones, y que además, se haya dejado de lado ese valioso equipamiento ocioso”, comentó.
La instalación de la sala de monitoreo, inaugurada en la Delegación Presidencial ante presencia de autoridades nacionales y con la prensa presente, tuvo un costo cercano a los $580 millones y se explicó que estos cuatro drones de última generación estaban en calidad de arriendo mediante licitación.
En sus primeras 1.180 horas de vuelo de marcha blanca generaron cerca de 54 procedimientos, motivaron la detención de 54 personas y fueron clave en un operativo que terminó con la incautación de 48 kilos de droga.
“Entonces, nadie puede desconocer la utilidad que prestaban, independiente que el exdelegado (Gabriel Pradenas) opinara que no era mucho el aporte, porque además, estos drones deben ser parte del equipo de seguridad, porque así lo dice la ley. Y ahora, somos la única región de Chile que no los tiene”, acusó el consejero regional, John Polanco, exprefecto de Carabineros Ñuble y parte del equipo que inauguró esta unidad, en la entonces Intendencia de Ñuble.
“Acá, lo que se nos informó es que como ese es un programa financiado en parte por la Delegación y otra parte por el Gobierno Regional, hubo un problema con los compromisos adquiridos y al final, la parte que debía poner la Gobernación, nunca llegó”, añadió Polanco, quien solicitó una reunión con el gobernador y la delegada (s) Valentina Pradenas, para “que se nos explique qué va a pasar con este proyecto”.
Por otra parte, los funcionarios desafectados explicaron que “a fines de junio se nos dijo que en agosto se iba a firmar la renovación del convenio, pero que por lo mismo, durante unas semanas íbamos a tener que trabajar a lo compadre, pero que luego nos iban a pagar. Después, ya en agosto, nos dicen que por una semana no íbamos a tener que venir, y cuando llegamos a firmar, nos dimos cuenta que el nuevo convenio duraba hasta el 15 de septiembre”.
Hasta la fecha, no les han dado luces de renovación de contrato, pero por la información de “pasillo”, les explicaron que por haber dado a conocer el problema a algunas autoridades locales, no los iban a volver a recontratar.
La Discusión buscó respuestas en la Delegación y con el coordinador regional de Seguridad Pública, sin éxito.
“Como si no estuvieran”
Ni una presunta falta de recursos ni una posible mala evaluación del servicio explican otra de las aristas de este hecho: el que desde la Delegación no le hayan avisado a los otros integrantes de la Mesa de Seguridad, respecto al término de la utilización de los drones desde septiembre.
“Acá todos saben que entre el Gobierno Regional y la gente de la Delegación hay cierta tensión que entre ellos no han sido capaces de resolver. Creo que de una vez por todas ellos deben poner fin a esa tensión que está perjudicando a toda una región”, comentó el alcalde Benavente.
Para el concejal Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Seguridad, “el que no se haya dado a conocer esta situación habla de la actitud que siempre ha tenido la Delegación en la Mesa de Seguridad. Nunca aportan. Cuando el delegado iba, no entregaba información útil y, como casi siempre pasaba, cuando mandaba a un representante, iba colgado, sin tener idea de nada, iba siempre a escuchar y a hacer número, mientras Carabineros, la Municipalidad, la PDI, la Fiscalía y todas las otras entidades, llevábamos informes, datos y propuestas”.
Extraoficialmente, se informó que se estaría en busca de recursos para licitar (por tercera vez) a una empresa de arriendo de drones, aunque no hay fechas definidas.
