Nadie duda en Chile de la urgencia de implementar cambios para mejorar las pensiones actuales y futuras, sin embargo, tal consenso se disipa a la hora de discutir regulaciones a la industria de las AFP y sobre todo el destino de la cotización adicional de 6%, llegando al extremo de que hoy no se sabe si el proyecto presentado por el Ejecutivo sorteará lo más básico y primario de cualquier iniciativa legal: la idea de legislar.
Ayer la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó su discusión. Un total de 87 parlamentarios (as) se inscribieron para plantear sus puntos de vista, lo que dejó en evidencia las diferencias y polarización que antecederán a la votación programada para hoy.
Ciertamente, la Cámara tiene la facultad de rechazar de entrada la propuesta, negándose a la idea de legislar, sin embargo, bloquear la mera introducción del proyecto a trámite legislativo supone impedir la posibilidad de entablar un diálogo y discutir las diferentes visiones sobre esta materia; todo lo contrario a lo que es la esencia y misión del trabajo parlamentario.
Desde diferentes sectores se ha planteado la necesidad de unidad o un gran acuerdo nacional, en vez de ahondar las diferencias que existen.
Sin duda, llamar a la unidad es una iniciativa que parece de buena intención. Es muy razonable querer terminar con diferencias menores, con debates inconducentes o con actitudes mezquinas, cuando el país enfrenta un desafío mayúsculo como es la difícil situación de miles de hombres y mujeres que reciben pensiones miserables.
Pero es un llamado que, infelizmente, esconde ingenuidad y en algunos casos también intensiones no tan sanas. En primer lugar, el llamado a la unidad no puede implicar que se licúe la responsabilidad de las AFP en este cuadro. Cuando con el disfraz de la unidad se pretende poner tierra a cualquier modificación para un modelo fracasado e injusto, o persistir en recetas que no han dado buenos resultados, en realidad lo que se está procurando es eludir la crítica, tan necesaria para rectificar el camino. En segundo lugar, la unidad nacional tampoco puede ser una excusa para limitar el debate natural que existe en cualquier democracia pluralista. La gente debería saberlo, y en este caso es muy bueno que se sepa bien quién obstruye, quién defiende el modelo y quién propone, y qué diferencias hay entre unos y otros. En democracia hay disensos y lo mejor para todos es que esas diferencias se expresen con libertad, en el espacio que nuestra institucionalidad se ha dado para aquello, el Congreso.
En todo caso, sí sería muy bueno que gobierno y oposición dejaran de lado las diferencias menores y concentraran esfuerzos en lo que realmente importa, que es dar una solución a los actuales pensionados, pero ello no es un argumento suficiente para aprobar finalmente un mal proyecto,
Los llamados a la sensatez y a la unidad, a deponer ideologismos en beneficio de una causa superior, siempre serán deseables, nunca estarán demás. Pero en el mundo real, hay que aceptar que en el debate de la reforma de pensiones hay otros intereses que relegan a segundo plano el bien común.
