El año pasado el país registró el mayor número de muertes en accidentes de tránsito de los últimos 15 años. 1.738 personas fallecieron en calles y rutas, de las cuales 618 fueron atropelladas.
Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), en los últimos 4 años, las infracciones más repetidas son cruzar sorpresivamente (58%), pasar con luz roja (43%), atravesar una avenida o carretera por la calle en vez de la pasarela (29%) y transitar bajo los efectos del alcohol (12%).
Es evidente que el transeúnte está indefenso, aparentemente, frente a los excesos de ciertos conductores de vehículos que no reparan en su propia seguridad y menos aún en la ajena. Sin embargo, llegado el momento de explicar el número de fallecidos, los expertos en seguridad vial subrayan que la desobediencia es generalizada: ya sea por ignorancia, desidia, indiferencia, imprudencia o intencionada rebeldía, los peatones suponen que están al margen de las reglamentaciones de tránsito. Daría la impresión de que infieren, erróneamente, que se les aplican todos los derechos y están eximidos de las obligaciones en esa materia.
No se trata de un detalle desconocido. Basta con detenerse en las múltiples situaciones que son apreciables a simple vista en todas las avenidas y las calles de la ciudad, desde las más concurridas hasta las menos pobladas.
Esta suerte de desafío cotidiano es muestra expresiva de una preocupante carencia de cultura cívica. En otros países, las disposiciones viales son acatadas en forma rigurosa y el que las viola se atiene a la sanción que pueda caberle. Obviamente se trata de una cuestión de educación vial, materia que al parecer yace en el más inexplicable de los olvidos, pese a que fue considerada clave en la Política Nacional de Seguridad de Tránsito que se aprobó en 2017 y que se construyó a partir del trabajo participativo de entidades públicas, privadas, agrupaciones ciudadanas, asociaciones de víctimas de siniestros viales y actores relevantes en materia de seguridad vial. La idea era alcanzar la “Visión Cero” para Chile, es decir, llegar a transformarnos en un país sin fallecidos ni lesionados en el tránsito.
Un año más tarde, en 2018, se aprobó la Ley de Convivencia Vial, impulsada principalmente por las organizaciones de la sociedad civil. La intención era compartir en los espacios viales todos los modos de transporte: peatones, bicicletas y automóviles. También se sumó la reducción de la velocidad máxima urbana a 50 kilómetros por hora.
Pero todo eso que sonaba muy bien, lamentablemente, no se cumplió. De hecho, parece que vamos en sentido contrario, como lo muestran las estadísticas al alza de accidentes y muertes.
Cuando en el conjunto de la sociedad se haga patente vincular el respeto absoluto por la normativa vigente con la convivencia, empezarán a revertirse las cifras que ahora dan cuenta de una absurda cantidad de muertos, heridos, discapacitados físicos de por vida y pérdidas materiales que anualmente deparan los accidentes de tránsito.
