A la inseguridad no hay que taparla, tampoco tergiversarla ni forzarle una interpretación política que no tiene. Por el contrario, hay que darle un sustento tal que permita encarar las mejores soluciones tendientes a reducir los delitos y garantizar una convivencia social segura.
Soluciones, por cierto, en las que las estrategias locales han ido adquiriendo protagonismo, a partir de la proactividad de los mismos gobiernos comunales. En el caso de Chillán, se nota un importante cambio respecto de la anterior administración, cuyos esfuerzos estuvieron centrados en financiar proyectos urbanos de televigilancia e iniciativas vecinales, pero sin una visión general y suficiente conexión entre los programas y proyectos, lo que redundó en avances aislados, y una débil capacidad para anticipar los fenómenos sociales y delictuales que han ido apareciendo en la comuna.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]En el actual gobierno comunal hay una decisión estratégica de poner a la seguridad en el primer listado de cuestiones a atender, y tiene mucho sentido desde lo social y político, pues actualmente es la principal preocupación de la ciudadanía, cuya sensación de inseguridad se ha incrementado a la par del aumento de denuncias por delitos, conforme a las estadísticas de Carabineros.
De hecho, el pasado viernes, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente anticipó que para el Presupuesto 2023, el municipio contempla aumentar en 50% los recursos que se destinan a seguridad pública, y que hoy bordean los $690 millones al año. La decisión del jefe comunal es coherente con los proyectos en desarrollo, como la implementación de un equipo de patrullaje preventivo, compuesto por 20 nuevos vehículos, la adquisición de bicicletas eléctricas y motos para Carabineros y sus funciones de control de la congestión vehicular, como también el mantenimiento de la Central de Comunicaciones y Televigilancia que se instaló en el estadio Nelson Oyarzún.
Actualmente, la Municipalidad cuenta con 24 inspectores y de ellos 18 están asignados al área de patrullaje y otros seis al mercado municipal e inmediaciones y lo que se espera es aumentar al doble el número de inspectores y la cobertura de los patrullajes preventivos.
Otro de los ejes de esta planificación es la recuperación de espacios públicos, ya que uno de los factores que mayor sensación de inseguridad generan en los barrios son las incivilidades que ocurren en sus inmediaciones. Se trabaja en un proyecto ubicado en el sector Las Barras, en Parque Lantaño y en otro para el sector Doña Rosa, camino a Las Mariposas, que incluyen equipamiento de uso recreativo y un trabajo especial de mantención del aseo y ornato, que fue consensuado con las respectivas juntas de vecinos, que también priorizaron qué comprar y cómo equipar las áreas verdes.
Tal decisión descansa en la idea correcta de potenciar el rol de la comunidad en mejorar los niveles de seguridad que la misma sociedad demanda, pues para que este esquema funcione, además de recursos y profesionales idóneos, se requiere un alto involucramiento ciudadano, ya sea de manera activa, al interior de sus organizaciones vecinales, o de manera pasiva, facilitando la entrega de información para el trabajo de los funcionarios municipales y de las policías.
Un plan comunal de seguridad gestionado solo por expertos y a partir de criterios técnicos no tendrá un verdadero valor si no identifica con certeza las preocupaciones de la comunidad a la que sirve. Actualmente se está haciendo así y no hay razón para cambiar.
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