Sería muy positivo que gobierno y oposición dejaran de lado las diferencias políticas y concentraran esfuerzos en lo que realmente importa, que es el combate a la delincuencia.
Los llamados a la sensatez y a la unidad, a deponer las ambiciones partidistas en beneficio de una causa superior, siempre serán deseables, nunca estarán demás. Pero en el mundo real, hay que aceptar que hay otros intereses ligados a la disputa del poder político que relegan a segundo plano el bien común.
La difícil situación de avance de la delincuencia y el crimen organizado, y el consecuente incremento de la sensación de inseguridad que está afectando a los chilenos y chilenas, llevaron -desde el Presidente, pasando por ministros hasta diferentes actores sociales y políticos- a plantear la necesidad de una unidad o un gran acuerdo nacional que se concentre en enfrentar este tema, en vez de ahondar las diferencias que existen.
Sin duda, es una iniciativa que parece de buena intención. Es muy razonable querer terminar con diferencias menores. Pero es un llamado que, infeliz- mente, esconde ingenuidad y en algunos casos también intenciones no tan sanas.
En primer lugar, la unidad nacional nunca puede implicar que se licúe la responsabilidad del Gobierno. Cuando con el disfraz de la unidad nacional se pretende poner tierra a malas decisiones -como fueron los recientes indultos presidenciales- o persistir en recetas que no han dado buenos resultados -como es la insistencia de militarizar la Araucanía-, en realidad lo que se está procurando es eludir la autocrítica.
En segundo lugar, la unidad nacional tampoco puede ser una excusa para limitar el debate natural que existe en cualquier democracia pluralista. En este tema, las diferencias entre el oficialismo y la oposición son bastante evidentes y la gente lo sabe, y es muy bueno que cada vez que haya que tomar medidas se sepa bien quién propone qué cosas, y qué diferencias hay entre unos y otros.
En democracia hay disensos y si ellos no generan ingobernabilidad, como aún es nuestro caso, lo mejor para todos es que esas diferencias se expresen con libertad.
Y es que más allá de este nuevo error del Gobierno del Presidente Boric, el consenso ya se veía muy frágil, debido a las diferencias sobre los límites a la aplicación de la Ley Naín (norma que restringe derechos penitenciarios a condenados por agredir policías), la aplicación del estado de excepción en la Macrozona Norte y la extensión de la carrera policial de Carabineros.
Pese a que desde el oficialismo acusaron a la derecha de buscar excusas para tensionar las conversaciones, entre parlamentarios de gobierno tampoco hay un convencimiento total con todas las iniciativas que incluiría el pacto. Mientras que en el Frente Amplio quieren que se incluya en la nueva Ley de Armas un apartado que garantice el “desarme total de la población civil” y que no se extienda la flagrancia ante el delito de robo de vehículos, en el PC nunca miraron con buenos ojos que en el acuerdo se fijen los cambios de la Ley Antiterrorista.
En todo caso, sería muy positivo que gobierno y oposición dejaran de lado las diferencias políticas y concentraran esfuerzos en lo que realmente importa, que es el combate a la delincuencia.
Los llamados a la sensatez y a la unidad, a deponer las ambiciones partidistas en beneficio de una causa superior como es la segurdad ciudadana, siempre serán deseables y nunca estarán demás. Pero en el mundo real, hay que aceptar que hay otros intereses ligados a la disputa del poder político que relegan a segundo plano el bien común.
