Un escenario político poco predecible hace un año es el que antecede a las elecciones municipales de octubre próximo en la región de Ñuble. La investigación en el marco del caso Cuentas Corrientes vino a “desordenar” un poco el mapa en algunas comunas, truncando las posibilidades de reelección de dos alcaldes, y limitando la proyección de un tercero, moviendo además la balanza de los equilibrios políticos en favor de Chile Vamos, y en especial, de Renovación Nacional.
Los alcaldes César Figueroa (independiente) de San Ignacio, Manuel Pino (UDI) de Ñiquén y Guillermo Yeber (independiente-DC) de Bulnes, están siendo procesados por fraude al fisco y cohecho, y les fueron aplicadas diversas medidas cautelares, entre ellas, la prisión preventiva. Esto derivó en que los respectivos concejos eligieran alcaldes suplentes, resultando los tres nuevos jefes comunales todos de RN. De esta forma, nueve de las diez autoridades con que cuenta Chile Vamos actualmente en el territorio son de dicha colectividad, lo que claramente influirá en las próximas elecciones del 27 de octubre.
Pero más allá de la ventaja que puede sacar una colectividad política en particular por el caso Cuentas Corrientes, lo delicado de este asunto -igual que otros procesos de corrupción que involucran a ex funcionarios municipales, como el caso Led en Chillán y otros que han tenido menos repercusión- es que profundiza la desconfianza de la ciudadanía en la política, con el agravante de que los gobiernos comunales son la puerta de entrada a la institucionalidad pública.
En efecto, expertos nacionales y extranjeros coinciden en que la falta de probidad encuentra su mayor expansión en los gobiernos comunales y advierten que es un tema crítico para una efectiva agenda de fortalecimiento municipal, pues un proceso exitoso debe ir más allá de transferir autoridad, funciones y recursos a las autoridades locales, sino que también debe fortalecer el marco institucional de transparencia y probidad en los gobiernos municipales.
A la luz de los hechos, asumiendo que la ética es una barrera de poca eficacia, los mecanismos de control de la orgánica municipal y de la actuación de sus funcionarios ya no solo deben fortalecerse, sino reformularse, haciendo obligatorias, por ejemplo, las declaraciones de intereses y patrimonio en los niveles directivos, además de establecer estándares mucho más exigentes en materia de gestión e información financiera.
Se necesita mejorar sustancialmente en este tema, cuyos avances en las últimas décadas han sido inversamente proporcionales a su recurrencia en el discurso político y donde la evidencia sobra para concluir que el descriterio y la corrupción también amenazan a los gobiernos que son la base de la democracia y el vínculo más cercano de la gente con el servicio público.
En un año electoral como el actual, donde votaremos por autoridades municipales que justamente han estado en el ojo del huracán por posibles irregularidades vinculadas a corrupción, es clave el compromiso con la integridad pública tanto de quienes se postulen como de los partidos políticos que les apoyen, y no solo en los dichos, sino también en los hechos concretos, demostrando una voluntad política real de provocar un cambio y control en el avance de la corrupción que avanza más veloz de lo que creemos.
