Estudios académicos y reportes policiales dan cuenta de un alarmante avance de la venta de drogas ilegales en ciudades intermedias como Chillán, que siempre es citada cuando se refiere a microtráfico y puestos de venta de estupefacientes. Por otra parte, la comunidad, en los distintos contextos sociales y geográficos, está cada día más impactada por episodios de violencia y crueldad protagonizados por personas, muchas veces jóvenes y hasta niños, vinculados al tráfico y consumo de drogas.
Este cuadro ha motivado diferentes estrategias para el combate de este flagelo que incluyen al Ministerio Público, a Carabineros y a la PDI y que se han traducido en mayores controles en carreteras, allanamientos masivos y cientos de detenidos por infracción a la Ley 20.000 (Tráfico de Drogas).
También cabe destacar el aporte que hacen las municipalidades, que en comunas como Chillán y San Carlos, por ejemplo, han identificado al microtráfico como el principal problema de seguridad que sufren los vecinos. Tal percepción es confirmada por el último estudio de la fundación Paz Ciudadana, donde se subraya que la comercialización de drogas se une con la violencia y la inseguridad para asediar al territorio donde se introduce.
Igualmente, un dato adicional a tener cuenta es que la comunidad reconoce una mayor presencia policial en los barrios, pese a lo cual la comercialización de drogas no deja de crecer. Precisamente, aquello ha llevado a las policías a actuar con mayor planificación y recursos logísticos para sus investigaciones.
Sin embargo, sería un error pensar que las soluciones dependen solo de las fuerzas de seguridad. La lucha contra la droga no puede competer exclusivamente a las fuerzas policiales, ya que el narcotráfico y sus ramificaciones mueven enormes cantidades de dinero y muchos delitos del crimen organizado están asociados a él.
Por eso resulta preocupante lo planteado por académicos expertos en derecho, que tras hacer un análisis sobre la propuesta de nueva Constitución, concluyen que hay artículos que volverían inconstitucional la penalización del narcotráfico.
Esta crítica también ha encontrado respaldo en el poder judicial. De hecho, la asociación de magistrados ha advertido que por una mala redacción y falta de visión estructural del sistema de justicia, la propuesta que se vota el 17 de diciembre podría producir un colapso normativo en algunas áreas del ordenamiento jurídico, incluida la persecución penal del tráfico de drogas.
Desde la derecha han argumentado que es posible subsanar este problema mediante leyes ordinarias, sin embargo, lo que se esperaría de una propuesta de nueva carta fundamental, que es la matriz de toda la legislación nacional, es que precisamente sirva de criterio y base para aumentar la calidad técnica de las normas de rango inferior. Nada de ello sería posible con el texto actual.
Por ello hay que poner mucha atención sobre sus eventuales defectos, no solo por la incomodidad que podría producir a los juristas, sino por consecuencias bastante más serias sobre el Estado de Derecho y la administración de justicia.
