Si bien el sector silvoagropecuario sigue siendo el principal generador de empleos de Ñuble, concentrando un 19% de los ocupados, en los últimos 10 años ha perdido protagonismo en el mercado laboral, puesto que en 2012 su participación alcanzaba al 25,6%.
Esta pérdida de empleos, que bordea los casi 10 mil puestos de trabajo, da cuenta de un fenómeno preocupante, fruto de acciones y omisiones por parte del Estado, que no ha sido capaz de definir una política de fortalecimiento del agro que vaya de la mano con el proceso de apertura comercial que se inició hace más de cuatro décadas, y que ha significado la exposición del mundo agrícola a la fuerte competencia internacional y a las amenazas de la globalización.
Entre las consecuencias de este proceso de deterioro destacan la migración desde el campo a las ciudades, profundizando problemas sociales y ambientales por todos conocidos, como la contaminación, la pobreza, la saturación de servicios públicos y la congestión vial, entre otros.
La falta de una visión de Estado que defina una estrategia para el agro con una mirada de largo plazo, ha dejado en manos del mercado las respuestas a problemas fundamentales, como la calidad de los empleos agrícolas y los rubros a priorizar, donde se han impuesto los más competitivos de cara a las exportaciones (frutícola) por sobre otros más tradicionales, pero también clave en el desarrollo (trigo, maíz, arroz, lechería), reduciendo la discusión a una mirada meramente económica, sin considerar que la agricultura también constituye una forma de vida.
El alto poder de mercado de los compradores se ha transformado en ley, y la ausencia del Estado ha permitido que ello ocurra, particularmente en una zona de transición del campo chileno como Ñuble, donde la propiedad de la tierra sigue estando altamente atomizada y donde los cultivos tradicionales aún concentran una gran proporción de la superficie. Un buen ejemplo de ello lo constituyen los productores vitivinícolas del Valle del Itata, cuya amenaza no se encuentra en los mercados externos, sino que al interior del país, con los abusos de poderes compradores y un mercado muy poco transparente.
Se podrá argumentar que el uso de tecnología, de maquinaria agrícola, así como la automatización de los procesos, ha permitido reducir los costos en mano de obra, haciendo más competitivo al sector, sin embargo, la teoría económica señala que el uso de tecnologías debería permitir mejorar la calidad de los empleos por la mayor demanda de mano de obra calificada para atender los servicios que dicha tecnología requiere.
Lamentablemente, la visión cortoplacista de las últimas décadas ha potenciado la explotación de materias primas, en desmedro de la agregación de valor a la producción, que constituye un camino para el desarrollo del sector agropecuario que también conduce al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y, en consecuencia, de la calidad de vida de los habitantes del campo.
Esa es la mirada que debe cambiar. Una visión del desarrollo agrícola que no solo considere las variables económicas, sino también las sociales y territoriales, porque el agro es mucho más que un sector, es un patrimonio.
