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Ruta constitucional

En medio de los preparativos para el plebiscito del 25 de octubre, donde se definirá si Chile tendrá una nueva Constitución y si ésta será escrita por una convención constitucional o una mixta, persisten importantes dudas, todas derivadas de la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus.

El Ministerio de Salud ya aprobó el protocolo sanitario presentado por el Servicio Electoral (Servel), sin embargo, aún no se han despachado los proyectos de ley para darle más atribuciones de fiscalización, ni para poner reglas al uso de las redes sociales.

Al mismo tiempo, hay un velo de incertidumbre en materia sanitaria, en medio de una grave crisis de confianza en las instituciones. Por lo mismo, es necesario garantizar un plebiscito seguro, adelantar posibles escenarios en el ámbito sanitario y regular el vacío respecto al financiamiento, donde ayer se dio un importante paso. Faltando solo cinco días del inicio oficial de la campaña, la Sala del Senado despachó la reforma que regula el financiamiento y la propaganda y que fija en 14 millones de pesos el límite de los aportes individuales a los partidos y en $2.100 millones el límite del gasto electoral por cada una de las opciones, no por partidos, como había sido planteado originalmente.

En la encuesta Tú Influyes de la semana pasada subió la cantidad de gente que va a ir a votar con pandemia, del 49% a 64%. Pero hay un grupo de personas con enfermedades crónicas que están a la espera de protocolos sanitarios que transmitan seguridad.

A esto se suma la presión de la ciudadanía. En tal sentido, la última encuesta Criteria determinó que un 66% de la población se opone a un cambio de fecha. Por otra parte, más de 200 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Gobierno y al Congreso apurar la tramitación de proyectos para tener un plebiscito seguro.

Varios países han enfrentado elecciones en los últimos meses, lo que nos permite tener en cuenta sus experiencias para dar garantías para la salud de las personas que quieran ir a votar. En este sentido, no hay una única solución perfecta, pero sí aspectos que son clave, como la colaboración intersectorial entre entidades estatales y no estatales para acompañar el proceso, como también promover una comunicación amplia y efectiva sobre los cambios que se realicen, para una mejor comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía.

Para el gobierno será una prueba de coherencia entre el discurso y la acción, pues deberá demostrar con hechos concretos su convicción con el proceso democráticamente acordado tras el estallido social, prescindiendo de comentarios en defensa de la continuidad de la actual Constitución, o de sembrar dudas sobre una eventual postergación.

La mayor parte de la ciudadanía no confía en el Gobierno ni en los políticos, cuyas verdaderas intenciones y desempeño en torno al proceso constituyente estarán bajo la lupa pública.

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