Resulta muy penoso advertir que en torno a una institución maravillosa, demostrativa de un auténtico acto de generosidad y de amor, se tejan turbias historias que sitúan el tema muy lejos de donde debería estar.
Las adopciones irregulares registradas entre los años 60 y 90, que totalizan 20 mil denuncias en todo el país investigadas por orden del juez especial Mario Carroza, han re-mecido a la opinión pública nacional y también local, pues hay al menos 15 testimonios de casos en Chillán y otras comunas de Ñuble.
Según la historiadora de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, la mayor cantidad de denuncias en la región están asociadas a religiosas que se acercaban a madres que vivían en condiciones vulnerables.
En el marco de un proyecto Fondecyt que ejecuta desde 2017, Alfaro pudo establecer que el modus operandi más frecuente era ofrecerles apoyo para dejar a sus hijos en guarderías y una vez allí las forzaban o engañaban para firmar documentos y entregarlos en adopción.
En otros casos, según consta en los testimonios, se les decía que el recién nacido había muerto.Lo más sorprendente es que prácticamente no quedaba registro alguno, ya que la partida de nacimiento era adulterada para poder inscribir al recién nacido en el Registro Civil y obtener así su estatuto de ciudadano concretizado en el Certificado de Nacimiento. Se lograba así borrar todo rastro de la madre biológica y, por ende, de su historia de origen.
Pero hoy son miles de personas en Chile y decenas en Ñuble que se han puesto como objetivo buscar a sus familias de origen y a sus madres biológicas, porque no saben si fueron cedidos en adopción de manera voluntaria, o si esas mujeres fueron engañadas por sus propias familias, diciéndoles que sus hijos o hijas habían nacido muertos.
Algunos sabían de su condición de “adoptados” desde pequeños, otros supieron ya siendo adultos.
La justicia designó a un juez especial que se abocó a investigar el caso, pero tras cinco décadas muchos de los eventuales delitos están prescritos y los testigos directos ya están muertos, han envejecido o simplemente se niegan a colaborar.
Lo cierto es que nada es más inmoral que el engaño en una materia tan grave. Por ello ni el Estado, ni la Iglesia, ni el Colegio Médico pueden dejar de tomar cartas en este triste asunto.
Las denuncias formuladas, independientemente de si es posible castigar a los y las responsables, encierran un despreciable tráfico de personas que ninguna nación civilizada puede tolerar.
Pero, como en otros casos de nuestra historia reciente, es necesaria la firme decisión de correr los velos e iluminar estos oscuros episodios, identificando a todos los involucrados, independiente de su actual posición social, económica o política.
