Chile contribuye de manera mínima con sus emisiones al cambio climático, sin embargo, es altamente sensible a este fenómeno y se encuentra expuesto, en toda su extensión, a eventos climáticos extremos que resultan cada vez más frecuentes.
Sin embargo, muchos consideran que esta problemática ambiental es una necesidad imperiosa para salir del subdesarrollo. Son, a fin de cuentas, los “dolores del crecimiento” que la economía nos llama a aceptar y que están siendo manejados en las altas esferas por los gobiernos y organismos internacionales.
Lamentablemente, esa idea está muy lejana de la realidad y la COP25, bajo la presidencia de nuestro país fue -en opinión de muchos expertos- un retroceso, ya que no habría cumplido con la tarea principal de proteger la integridad del Acuerdo de París y, peor aún, habría servido para enmascarar a los grandes emisores y las empresas dueñas de los combustibles fósiles, relegando a un segundo plano los intereses de los países más vulnerables a los daños por los desastres climáticos. Para la prensa especializada, hasta ahora nunca se había visto una desconexión tan grande entre la ciencia y lo que piden los ciudadanos en las calles y los negociadores de una cumbre climática.
En una región agrícola como la nuestra, el calentamiento global y la modificación de las dinámicas de lluvias, vientos y temperaturas son fenómenos que pueden generar grandes pérdidas económicas y ecológicas y dejar muchos damnificados. Además, la exposición a riesgos vinculados con el clima, junto a las condiciones de vulnerabilidad social, pueden agravar los daños. Lo hemos visto con los incendios forestales.
No hay duda, entonces, que los efectos directos e indirectos de este fenómeno climático ya alcanzaron a nuestro territorio, donde se constata un permanente aumento de la brecha que separa la protección, remediación y restauración ambiental, de los impactos y la pérdida de biodiversidad que han supuesto la mayoría de las estrategias de apropiación de recursos naturales de nuestra economía.
En las tres provincias (Itata, Diguillín y Punilla) se advierte que el desarrollo de actividades económicas constituye una potencial amenaza, en la medida que no exista una visión que combine la conservación de esos ecosistemas con los emprendimientos que allí se proyectan, o que incluso ya son realidad.
Debemos tener presente que la Región de Ñuble nació en condiciones donde se mezclan la necesidad de diversificar y agregar valor a nuestra matriz productiva, capacidades estatales rezagadas respecto del deterioro ambiental y una creciente resistencia social a los impactos de las actividades económicas sobre la naturaleza.
Se trata de un escenario inédito y complejo, pero también de una oportunidad única para instalar un nuevo paradigma en el uso de nuestro territorio, que armonice los valores de la conservación y las necesidades del desarrollo de un modo inteligente y verde.
Ya basta de falsos discursos y palabras vacías. A nivel global, nacional y local, ha llegado el momento de actuar con medidas concretas para hacerle frente a la crisis climática y ecológica antes de que sea demasiado tarde.
