Tras más de 10 años de un trabajo del Gobierno por potenciar a las policías y los métodos de televigilancia en las principales ciudades del país, en todo Chile las cifras de delitos de mayor connotación social han mostrado una baja de más de un 40%, especialmente de aquellos ilícitos que se cometen en la vía pública, como los robos con violencia, intimidación y por sorpresa; robos en lugar no habitado y sustracciones de vehículos o de objetos en su interior.
La cifra chillaneja, incluso, muestra un descenso del 45,24%.
Sin embargo, hay dos factores a analizar en estas cifras, siendo el primero el que ya se ha completado a más de un año de Estado de Excepción, lo que implica toques de queda, cuarentenas, controles sanitarios, cierre de locales comerciales y por consiguiente, mayor presencia de carabineros, detectives y militares en las calles, situación que lógicamente ha mermado la presencia delictual en el centro.
Y en segundo lugar, dentro de los llamados delitos de mayor connotación social que se analizan para este tipo de estadísticas, no se consideran las estafas y otro tipo de fraudes cibernéticos, que, conforme a los análisis del Ministerio Público, han ido aumentando considerablemente en la región.
El informe de más de 250 páginas, incluye estadísticas, análisis y conclusiones que apuntan al aporte que se ha hecho por parte de la municipalidad y los programas gubernamentales ejecutados por las distintas seremías del Gobierno Regional, para mejorar la infraestructura, equipamiento y dinámicas sociales en los sectores más necesitados de Chillán.
En contraste, se destaca un apéndice del análisis del equipo Sacfi de la Fiscalía Regional en el que se explicita que se han detectado nuevas formas de delinquir por Internet, como las extorsiones en contra de quienes requirieron de servicios sexuales a través de páginas web, o por Whatsapp.
También se ha detectado un alza de casos de clonaciones de Whatsapp mediante el incipiente engaño de los cuatro dígitos; ventas fraudulentas por redes sociales y de clonaciones de tarjetas de crédito.
Alan Ibáñez, coordinador regional de Seguridad Pública, explica que ante este tipo de hechos, que suelen ejecutarse dentro de “cuatro paredes”, por lo que resultan virtualmente imposibles de monitorear por las policías, la apuesta es “mantener las campañas preventivas y educativas que se han estado realizando en conjunto con PDI, Carabineros y los distintos ministerios”.
La autoridad añade que “este tipo de delitos no consideran necesariamente algún grado de agresividad a las personas, pero sí pueden ocasionar un perjuicio económico muy grave en las víctimas”.
La apuesta gubernamental es seguir llamado al autocuidado, seguir trabajando con los representantes vecinales.
Mesa de violencia urbana
El otro factor negativo que resalta en el informe apunta a un fenómeno ya constatado el año pasado, pero que pareciera estar lejos de encontrar solución, como la mayor tasa de asaltos con armas de fuego y el aumento de la violencia de los mismos, así también, mayor presencia de bandas foráneas operando en la región.
“En el país existe mayor cantidad de armamento en manos de los delincuentes, el Ministerio del Interior levantó una mesa de trabajo con respecto a la violencia urbana, lo que tiene mucho que ver con esto. El Ministerio Público ya viene trabajando en estos años para poder conocer cuál es la procedencia de cada una de estas armas”, explicó Ibáñez.
