A partir del interés parlamentario por integrar los mecanismos constitucionales propuestos en el plebiscito del 26 de abril para elaborar una nueva Constitución, se abre el debate político sobre la representatividad de los mismos. En gran medida, son legisladores del oficialismo los que habrían declarado su voluntad de integrar la Convención Mixta o la Convención Constitucional, donde también aparecen nombres de la oposición y del Frente Amplio.
En caso de integrar esta última convención, los diputados y senadores deben renunciar a sus escaños en el parlamento para poder participar en calidad de ciudadanos de la Convención Constitucional. Los nombres de quienes integrarían dicho mecanismo son los diputados oficialistas Jorge Alessandri (UDI), Jaime Belloilio (UDI) y Diego Paulsen (RN), además de Renato Garín (Ind. FA) y Fernando Meza (Ind). El único senador que aparece en carpeta es Rodrigo Galilea (RN).
No obstante, según resultados recogidos por la encuesta CEP de enero, los parlamentarios que hoy componen el Congreso Nacional solamente tienen un 3% de aprobación, lo que ratifica el divorcio total entre la clase política y la ciudadanía.
Aquello deja bastante a la imaginación, dado que los mismos congresistas que hoy están bajo la lupa de sus electores, son los que han manifestado su disposición a participar en la redacción de una nueva Constitución, una contradicción frente a la que los ciudadanos van a hacer ver su descontento, pues desde su punto de vista una nueva Carta Magna debería ser redactada por el poder de la ciudadanía y no bajo los estándares de los políticos de turno.
Expertos en esta materia entregaron su análisis a LA DISCUSIÓN, formulando diferentes planteamientos sobre esta nueva contrariedad en el proceso constitucional, que una vez más envuelve a la clase política con su electorado, esta vez en el marco de la redacción de una nueva Constitución.
Cuestionamientos
Para el investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Francisco Vicencio; el hecho de renunciar al Congreso para estar en la Convención Constitucional significa un cuestionamiento fijo por parte de la ciudadanía y dejar de representar al distrito o circunscripción por la cual fue elegido en las urnas.
“Abriría una situación adicional al Congreso, con cuestionamiento seguro dado que son parlamentarios en ejercicio. Si bien podría ser una muestra de participación frente al nuevo proceso, también implica dejar atrás a una ciudadanía que eligió precisamente a tales parlamentarios para legislar”, afirmó.
“Va a haber un impacto dependiendo de cual convención sea la elegida. Si es que se aprueba la Convención Mixta, implica que hay mitad parlamentaria y mitad electa, naturalmente existirán legisladores. Si es que la ciudadanía eligió ello, se deberá entrarle legitimidad al proceso por el que se optó, de permitir su participación. Si es que desean ir a elección de constituyentes, como ciudadanos lo tienen permitido”, ahondó Vicencio sobre la elección de la Convención Mixta y lo que traería su implementación.
Sobre la participación de independientes en el proceso, reconoció que no necesariamente deben ser ellos en exclusiva los que formen parte de la redacción de la nueva Carta Fundamental, pero que deben tener su espacio en la misma. “No necesariamente, la ciudadanía es libre de elegir, si es que cumple con requisitos para ello. Es el juego de la democracia. Lo que sí, es que los independientes debieran tener todas las garantías para ser parte de ello”, enfatizó.
Sobre el sometimiento de independientes al sistema electoral de los partidos, Vicencio reconoció que “el gran problema es que se deben someter al sistema electoral proporcional de diputados, lo cual los deja a los independientes claramente en desventaja si es que no van agrupados, es por ello el incentivo”.
Legitimidad del proceso
El analista político y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann, profundizó en las razones que llevaron a establecer un plebiscito que va a definir la conformación de una nueva Carta Fundamental, originadas bajo el estallido social del 18 de octubre.
“La propuesta para avanzar hacia una nueva Constitución, es el resultado de un acuerdo político que busca solucionar una crisis política e institucional. Por esa razón, los partidos políticos que constituyen la vía institucional de esta solución, aprobaron el plebiscito de entrada con un tipo de salida y posteriormente se van a definir las condiciones a través de una comisión formada por representativos de los partidos políticos, los mecanismos por los cuales se va redactar la nueva Constitución”, detalló.
Holzmann plantea la existencia de dos vías, una institucional marcada por la moción de dar el punto de partida al proceso constitucional, y otra no institucional caracterizada por los hechos de violencia y vandalismo en las calles producto del descontento de la ciudadanía contra la clase política.
“El hecho de que hayan dos vías, una institucional y otra no institucional, da cuenta de un cuestionamiento a la legitimidad de todo este proceso y que tiene que ver con la baja aprobación del sistema político en general. Aquello incluye al congreso, a los partidos políticos, el poder judicial y las instituciones más importantes. En esa perspectiva, yo creo que ese contexto es el que uno debe tener en cuenta para poder establecer una primera aproximación, el hecho de que haya legisladores que deseen participar del proceso constitucional a través de la Convención Mixta”, ahondó.
Sobre la voluntad de los parlamentarios de integrar ambas convenciones, Holzmann aludió a un choque de ideologías propias de cada político que podrían verse plasmadas en una nueva Carta Fundamental.
“La disposición de los legisladores tiene que ver con las cuotas de poder asociados a tipos de bien común que sería regular a través de una Constitución. Por lo tanto, se adivina que va a haber una alta competencia ideológica, si es que aceptamos que las ideologías todavía están presentes en el siglo XXI en la forma de como las conocimos en el siglo XX, es decir, hay ideas respecto a lo que cada sociedad quiere realizar en la misión de la perspectiva personal que tiene cada político. Aquello tiene una base ideológica que hoy parece más difusa de lo que era en el siglo XX”, visibilizó.
“Los independientes no constituyen un partido y no son considerados políticamente como un actor relevante, y representan a una diversidad de pensamientos. Aunque quizás tienen la mejor disposición, pero que si uno toma la experiencia de otros países, los independientes miran desde una forma alineándose con una postura en particular”, agregó Holzmann sobre la situación de los independientes en el proceso.
El analista planteó la posibilidad de que independientes estén abanderados con una ideología en particular, lo que no garantiza la redacción de una Carta Fundamental fuera de posturas políticas “Incluso hay quienes se hacen pasar por independientes cuando poseen una historia o comportamiento político asociado a algún tipo de ideología que puede ir desde las expresiones liberales hasta las distintas versiones anarquistas. En consecuencia, los independientes no constituyen el contrapeso natural a los partidos políticos, puesto que no poseen organización ni una estructura que permita señalar que su independencia está alejada de toda ideología”, consignó.
“El hecho de que los independientes estén finalemente incorporados en el proceso constituyente, tiene que ver con la confrontación, pugna o competencia entre las distintas visiones políticas que hay y la necesidad de poder darle una mayor representatividad a todo lo que es la ciudadanía”, afirmó Holzmann sobre el demarcado fin que tiene la participación de independientes en ambos mecanismos, con tal de garantizar la perspectiva ciudadana en una nueva Constitución.
“A los partidos les interesa, dado que estos independientes van a ser electos en el mismo momento en que se elijan los alcaldes y concejales y uno está más preocupado de ver como se da esa correlación de fuerzas respecto a las próximas parlamentarias y presidenciales. En consecuencia, hay una suerte de estructura del proceso constituyente que va orientado a ordenar a los partidos en la distribución del poder y que intenta darle un grado de representatividad que está bastante en duda, debido al bajo apoyo que poseen”, reafirmó acerca del interés de parte de los partidos políticos sobre la participación de independientes, que van a ser elegidos a la par de las elecciones municipales del año en curso.
Texto: Jorge Rubilar
