Según estadísticas de Gendarmería, el sistema penitenciario en Chile tiene una sobrepoblación carcelaria del 110,6% de la capacidad carcelaria actual. Según las proyecciones de Gendarmería, se espera que la cantidad de reos aumente de forma sostenida, alcanzando la cifra de 50.000 para el año 2024. Esto supone una sobrepoblación de alrededor de 8.000 reos por encima de la capacidad actual.
Este colapso se refleja en todo el país, siendo la Región de Atacama la más afectada, con una ocupación del 173,9% debido a que posee una capacidad para 514 reos, pero actualmente hay 894. La Región de Maule también registra una alta ocupación, con un 152,6% de ocupación. Por su parte, la Región de Ñuble es la tercera a nivel nacional con mayor sobrepoblación, alcanzando el 130,8%. En este negativo ranking también destaca la cárcel de San Carlos, uno de los 10 recintos más colapsados del país: tiene 114 reos y su capacidad es de 66.
Lo anterior, si bien es alarmante, da cuenta de una realidad que se observa en buena parte de las cárceles del país.
En ese contexto, la solución para el centro penitenciario de Chillán se ha seguido postergando, en una historia que llegó a su clímax en febrero de 2010, cuando se produjo el terremoto del 27F, lo que significó no solo la fuga de más de 200 reos, sino que la destrucción de algunos muros y el incendio de casas vecinas.
La comunidad chillaneja ha expresado, a través de sus autoridades locales, la urgente necesidad de sacar a la cárcel del centro de la ciudad y construir un nuevo recinto en una zona con menor densidad de población.
Si bien el clamor ciudadano apunta al objetivo de brindar mayor seguridad a la población que vive en las inmediaciones de la cárcel, la calidad de vida de los reclusos también es un elemento que se debe considerar en la definición de las soluciones.
Y aunque las autoridades de los cuatro gobiernos que ha habido desde 2010 hasta la fecha han prometido distintos proyectos que apuntan a dicho objetivo, ninguno de estos se ha concretado, e incluso las actuales autoridades de Justicia han preferido guardar silencio frente a un tema para el cual hoy parece no haber respuesta.
Como se recordará, cuando se han analizado opciones para construir un nuevo recinto penal, surgieron alternativas de ubicación que enfrentaron la oposición de las comunidades vecinas y de sus autoridades comunales, lo que una y otra vez fue dilatando la decisión y haciendo más difícil la solución.
La actual administración no lo ha hecho mejor, e incluso, se ha mostrado ambiguo respecto de la solución definitiva, lo que no sorprende en el actual contexto de desaceleración económica, con recursos escasos y dificultades para financiar las reformas estructurales contempladas en el programa de gobierno.
Lo anterior lleva al mismo escenario que hemos presenciado por una década, en que todas las opciones están abiertas, y donde resulta clave que la proyectada cárcel regional se confirme cuanto antes por parte del Ejecutivo, proceso en el cual la colaboración de los alcaldes puede ser fundamental en la búsqueda de un espacio apropiado para su emplazamiento, en vez de liderar campañas de oposición, como ha sido la tónica de los últimos años.
