En el marco de la última sesión de la comisión de Economía del Senado, se llevó a cabo una importante discusión y análisis sobre los cambios propuestos al proyecto de ley que busca garantizar el pago máximo en un plazo de 30 días a los proveedores de pequeñas y medianas empresas (pymes). Durante la reunión, la presidenta de la instancia legislativa, la senadora por Ñuble, Loreto Carvajal, destacó la necesidad de que el gobierno preste atención al tema, y expresó su preocupación por la exclusión de los municipios de esta obligación.
Carvajal, representante del PPD, hizo hincapié en el notable retraso en los pagos que experimentan los municipios, especialmente en el ámbito de la Salud Primaria Municipal, en que los proveedores pymes llegan a esperar aproximadamente doscientos días para recibir su remuneración.
Esta situación, sostuvo la legisladora, “se repite en diversos municipios, como La Florida, Viña del Mar y Recoleta, convirtiendo a las alcaldías en una fuente de importantes retrasos en los pagos a los proveedores pymes. Asimismo, esta problemática se extiende a los proveedores locales de los colegios municipales”, aseveró.
La presidenta de la comisión de Economía destacó también la gran preocupación existente en el ámbito legislativo debido a estos retrasos municipales. En el caso de los proveedores pymes de los municipios, muchos de ellos se ven obligados a ‘factorizar’ las facturas municipales, y las sucesivas demoras por parte de los municipios agravan su dependencia de los servicios de factoring.
Sobre este punto, la senadora Carvajal afirmó que todos los miembros de la Comisión de Economía coinciden en la necesidad de solicitar nuevamente a los ministros de Economía y Hacienda que se aborde de manera inmediata la incorporación de los municipios y Corporaciones Municipales en el sistema de pago a proveedores en un plazo de 30 días, considerándolo un requisito indispensable para avanzar en la tramitación legislativa del proyecto.
Finalmente, la parlamentaria por Ñuble hizo hincapié en la relevancia de conocer las propuestas concretas que el gobierno considerará para incluir a los municipios en la ley de pago a 30 días.
“Se espera que estas propuestas sean contundentes y reflejen el compromiso del gobierno con el fortalecimiento y apoyo a las pymes”, aseveró.
Contenido del proyecto
El 31 de enero pasado ingresó al Senado el proyecto de ley iniciado por el Presidente de la República, que establece la obligación que el pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser pagada dentro del plazo de treinta días corridos desde la emisión de la factura. Se derogan así los incisos que permitían la suscripción de acuerdos excepcionales de pago.
Respecto del registro censal de los tiempos de pago, el proyecto de ley establece que el comprador o beneficiario del servicio deberá efectuar una declaración jurada, dentro de los diez primeros días de cada mes, con el detalle de las facturas que se hayan pagado en forma íntegra en el mes calendario anterior. Solo podrán incluirse en dicha declaración las facturas que hayan sido pagadas en su totalidad.
Por su parte, el vendedor o prestador del servicio deberá confirmar mediante declaración jurada que se ha cumplido la obligación de pago, dentro del plazo de dos días contados desde el vencimiento del plazo anterior o desde que el comprador o beneficiario del servicio cumpla con su deber de declaración, en el caso que no lo hubiese hecho dentro del plazo mencionado. Transcurrido este último plazo sin confirmación expresa, se entenderá que el vendedor o prestador del servicio ha confirmado el pago. El Servicio de Impuestos Internos determinará, mediante resolución, la forma de efectuar ambas declaraciones.
