Durante casi un año fuimos testigos de una severa congestión en la única planta de revisión técnica vehicular autorizada para tal efecto. Interminables filas de vehículos y personas que tuvieron que soportar esperas de hasta 7 horas para asegurar atención, son expresiones de una situación que excedió las previsiones de la autoridad, y que reclama cambios urgentes para ofrecer un mejor servicio a los usuarios para cumplir un trámite al que deben someterse de manera obligatoria, dado que es un requisito para renovar el permiso de circulación. Además, la alta demanda por este servicio se ha exacerbado con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito, que otorga a Carabineros la facultad de retirar de inmediato los automóviles que no cumplan con este requisito.
El problema ha sido explicado por el atraso de la nueva planta ubicada en el acceso norte a la ciudad, derivado de un error en la implementación del software, según comentaron las autoridades regionales de Transporte.
En la comuna deberían estar operando tres plantas, sin embargo solo hay dos (en avenida Brasil y Acceso Norte) y la última recién entró en operaciones la semana pasada. Falta aún una tercera, ubicada en el camino a Huape, que podría ser autorizada el primer semestre de 2024.
Estos establecimientos han sido licitados bajo reglas muy estrictas, con el ánimo de superar los escándalos que aquejaron al sector años atrás y que incluso tuvieron en su momento gran impacto político. Pero cualquiera que haya sido el propósito, lo concreto es que el proceso adolece de un defecto medular: no es capaz de estimar eficazmente la demanda.
Al no existir la posibilidad de que la oferta se ajuste a la demanda de los usuarios, se termina asegurando a los actuales concesionarios una renta monopólica por un mercado cautivo, lo que dista mucho del óptimo social y se presta para suspicacias.
El problema de fondo es que resulta imposible que un planificador central, por profesional y bien inspirado que sea, pueda cuantificar acertadamente todas las variables que incidirán en la demanda futura de las regiones y comunas. Si a ello se agrega que el proceso de licitación no contempla ninguna posibilidad real de ajustar la oferta a cambios posteriores en la demanda, la situación que hemos sufrido en Chillán en 2023 era enteramente predecible.
En ese sentido, urge una reforma del modelo que contemple elementos de mercado para determinar la oferta en materia de revisiones técnicas. Sería mejor que la autoridad pudiera fijar detalladamente los requisitos y condiciones con que deben cumplir las plantas y sus titulares, permitiendo la libre entrada al sector a todos aquellos que los cumplan, sujetos por cierto a una periódica y exigente fiscalización para asegurar que los estándares requeridos se mantengan. Con ello se aseguraría la plena y oportuna satisfacción de la demanda, y que el precio por el servicio se ajuste al óptimo por medio de la competencia.
Corresponde que la autoridad reestudie el sistema de revisión técnica vehicular y que adopte soluciones modernas, pues los ciudadanos tienen derecho a un trato apropiado en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley.
