La evidente saturación que se produjo en la conectividad de Chillán por el inicio de las clases, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de agilizar las inversiones en materia de infraestructura vial, de manera de mitigar el impacto de un problema donde se conjugan el aumento de núcleos poblacionales y del parque automotor, con un mal desempeño en la construcción de nuevas calles y avenidas, y en la gestión del transporte público.
Chillán evidencia un claro retraso en materia de vialidad, que queda de manifiesto todos los días en horas punta en todas sus arterias estructurantes, lo que ya no sorprende a nadie, pues es una realidad a la que se han tenido que acostumbrar miles de chillanejos en los últimos años. Lamentablemente, el crecimiento inorgánico y sin planificación de la ciudad, que durante más de una década careció de regulaciones, terminó por agudizar este problema, generando polos de desarrollo inmobiliario que saturaron aún más las obsoletas vías que llevan años esperando un mejoramiento.
Si bien es cierto, según señala la ley, las inversiones en materia de vialidad urbana le corresponden al Serviu en coordinación con el municipio, la ley también establece que los proyectos inmobiliarios deben ejecutar obras de mitigación de impacto vial, lo que no siempre ocurre, pues muchas constructoras han encontrado diversas formas de burlar la legislación. De esta forma, estos proyectos mejoran sus márgenes de utilidad a costa de las externalidades negativas que generan, y que tienen un efecto directo en la calidad de vida de los vecinos, así como también de los propios clientes desinformados que adquieren sus viviendas.
Las causas se conocen perfectamente y las soluciones también. El problema es que son de mediano y largo plazo, y requieren una alta inversión pública. Son 13 proyectos viales para mejorar el desarrollo integral de la ciudad, con una inversión de más de $220.000 millones y plazos de desarrollo entre 2023 y 2029.
En cuanto al transporte, marzo también nos confirmó el problema que representa el diseño de recorridos y la calidad del servicio que presta la locomoción colectiva local. En tal sentido, cabe recordar que solo un sistema de transporte público de calidad podría ayudar a reducir los desplazamientos en vehículos particulares, pero en este tema aún hay mucho camino por recorrer.
La voz de la calle es clara. El transporte de pasajeros en la intercomuna es ineficiente y así lo hace sentir a través de encuestas y sondeos de opinión, donde critican la escasa oferta para algunas rutas, la lentitud de desplazamientos y la intermitencia en horarios peak.
El tránsito y el transporte tienen que ver con una cuestión de fondo, que es el derecho a la movilidad y como se ha dicho en más de una oportunidad desde esta columna, es tiempo de ayudar en la contingencia, pero también de pensar todos juntos en salidas viables a este problema y ponerlas en práctica asumiendo la necesidad de considerar el tema como una política permanente, independiente de la autoridad municipal de turno y donde el sector privado y las personas, en general, también debemos repensar nuestro rol.
