Señor Director:
La mantención de armas por parte de la población civil es un riesgo. Independiente de las buenas intenciones -por
ejemplo, legítima defensa- implica un peligro potencial para toda la ciudadanía si se tiene en cuenta que la posibilidad
de actuar de forma controlada, en una situación crítica, es muy reducida. Para ello se requiere educación en cuanto a su
uso para enfrentar situaciones de riesgo, porque, aunque no se haya adquirido para estos fines, tenerla implica un eventual uso en estas situaciones. Se requieren capacidad psicológica para enfrentar situaciones de riesgo con autocontrol,
serenidad y raciocinio en el momento de su uso, además de adecuadas condiciones de salud mental.
Hoy, no podemos asegurar estas condiciones. A lo sumo, se podría acreditar algún nivel de entrenamiento en su administración. Las condiciones previamente descritas ni siquiera son parte de los requisitos para poseer una.
No podemos atribuir los hechos de violencia extrema en situaciones “domésticas” a la posibilidad de tener armas. Sin
embargo, podemos aseverar que, en presencia de situaciones de conflicto y potencial violencia, la presencia de armas en
posesión de personas sin las adecuadas capacidades para su administración multiplica de forma exponencial los riesgos,
no solo para quien la administra, sino que para todo quien le rodea (familia, vecinos e incluso terceros). Requisitos y preparación son aspectos clave que se deben discutir de cara a una política pública responsable en esta materia.
Dr. Jorge Maluenda Albornoz
Académico e investigador de Psicología USS