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Partidos del oficialismo exigen al gobernador que suspenda a jefe de división formalizado

Cristian Cáceres

Los partidos de Socialismo Democrático -a excepción del PS-; de Apruebo Dignidad y la DC, enviaron una carta al gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, exigiendo el cese de funciones de Víctor Toro como jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional.

Esto, debido a la formalización del exalcalde de San Nicolás por el delito de exacción ilegal, en relación a cobros irregulares a vecinos beneficiarios de un proyecto de Agua Potable Rural completamente financiado por la Subdere.

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Los firmantes de la misiva sostienen que “las acusaciones de corrupción y formalizaciones de funcionarios de la Gobernación Regional presidida por el gobernador regional, Óscar Crisóstomo Llanos, causarán un grave daño a la campaña del Apruebo en Ñuble y al proceso democratizador llevado a cabo por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Por tal razón, pedimos suspender del cargo a cualquier funcionario formalizado por el Ministerio Público, en especial aquellos que han sido designados por el gobernador en cargos de su exclusiva confianza, hasta que se esclarezca su participación en el ilícito investigado”. Agregaron que “los que estamos por construir un nuevo Chile, no podemos hacer vista gorda de cara a la ciudadanía sobre estas situaciones, menos a solo días de la elección más importante de nuestra historia republicana”.

Distintas visiones

Al respecto, la secretaria política de RD Ñuble, Natalie Jeldes, sostuvo que en el caso de Toro, “debe suspendérsele del cargo”.

“Las acusaciones de corrupción de funcionarios del Gobierno Regional deben ser tratadas de manera oportuna. Creemos que cualquier funcionario formalizado por el Ministerio Público, y en especial aquellos designados por el gobernador en cargos de exclusiva confianza, deben ser suspendidos de su cargo, a lo menos, hasta que se esclarezca su participación en los delitos”, afirmó.

Desde el PPD, su presidenta regional, Yesenia Figueroa, aseveró que el objetivo de la solicitud es “que se aclare la situación”.

“Si bien es un error lo que se presume que cometió el exalcalde, no constituye lucro personal. Nos adherimos al comunicado con el objetivo que se aclare la situación, no obstante, consideramos que finalmente es la justicia la encargada de resolver esta situación”, manifestó.

El único partido del oficialismo que no firmó la carta fue el PS, donde precisamente milita el gobernador, Óscar Crisóstomo. Su presidenta regional, Brígida Hormazábal, planteó que la situación de Toro “está en desarrollo”, y que esta polémica “solo contribuye a enturbiar los ánimos a pocos días de una de las elecciones más importantes en la historia del país”.

“Si bien es efectivo que Víctor Toro enfrenta un proceso judicial que comenzó recién, en ésta como en toda instancia similar, debe primar el respeto al trabajo de las instituciones, y sobre todo, la presunción de inocencia, principio básico que todo ciudadano merece hasta que se demuestre lo contrario. Ante esta manera de entender la política, el PS tiene críticas de forma y fondo: la carta no fue producto de una reflexión colectiva del conglomerado, lo cual no contribuye a la unidad, y los procesos judiciales y denuncias están en desarrollo”, manifestó.

Declaración del GORE

LA DISCUSION intentó obtener la respuesta del gobernador, Óscar Crisóstomo, al emplazamiento de los partidos oficialistas, sin embargo se encuentra de vacaciones.

Desde el Gobierno Regional, sin embargo, emitieron un comunicado en el que declaran “respeto a la institucionalidad e investigación que efectúa la Fiscalía, y por lo tanto, no se pronunciarán sobre el proceso en curso, a la espera de su resultado. Mientras esto ocurra, no proceden medidas administrativas que puedan ser aplicadas por parte de este organismo. No obstante lo anterior, se le solicitó al funcionario (Toro) colaborar con la investigación al margen de sus funciones como jefe de división, por lo que hará uso de su feriado legal”.

En la declaración se agrega que “como institución respetamos todas las opiniones y la preocupación que los diversos actores puedan manifestar respecto de diferentes escenarios, sin embargo, hacemos un llamado a emitir declaraciones con responsabilidad y respeto hacia los involucrados, entendiendo que es la Fiscalía quien determinará el resultado de la investigación; cuya decisión final corresponderá a los tribunales de justicia. En el mérito de aquello, se analizarán las medidas que correspondan”.

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