Señor Director:
La Ley de Subvención Escolar Preferencial, o Ley SEP, busca garantizar financiamiento para los colegios que reciben aportes públicos, tanto particulares subvencionados como estatales, para mejorar la calidad de la educación de alumnos en situación de vulnerabilidad, categorizados como “prioritarios o preferentes”. Este corresponde a un monto definido para los alumnos más desfavorecidos y que necesitan más apoyo para su desarrollo académico y personal. Dependiendo del caso, puede llegar a los $65 mil por alumno.
El problema está cuando, luego de ser utilizados los recursos, los gastos son rendidos a la Superintendencia de Educación, ya que muchas veces son rechazados, por considerarse indebidos. Velas y tazones de graduación e incluso mobiliario, son algunos de los casos de impugnaciones que nos ha tocado revisar y justificar.
La correcta aplicación de la Ley SEP en los colegios supone, muchas veces, un dolor de cabeza para los sostenedores, ya que se trata de una ley demasiado rígida. De hecho, una de las principales críticas que ha tenido la SEP desde su implementación, es que excluye de los beneficios a otros estudiantes que también son parte de la comunidad educativa, y los recursos deben utilizarse solamente para quienes tengan categoría de prioritario o preferente.
El que se haya retomado la discusión del proyecto de ley en el Senado para su modernización, no es solo digno de loas, sino una necesidad. Luego de que la Ley de Inclusión estableciera el catálogo de fines educativos, no se entiende por qué la Ley SEP sigue siendo tan restrictiva. Especialmente en colegios particulares subvencionados, se requiere mayor flexibilidad, de manera que el apoyo llegue a todos los estudiantes, nivelando la cancha en cuanto a la educación que reciben.
Carolina Carrillo
Abogada y socia fundadora de Sostiene