El drama que viven hoy las familias cuyas casas quedaron inundadas o destruidas tras las violentas crecidas de los ríos, ha levantado una serie de cuestionamientos en torno al marco regulatorio, la planificación territorial y la capacidad de fiscalización de los entes públicos, ya que tras el paso del sistema frontal nuevamente emergen temas ya conocidos, que siguen concentrando el foco de atención.
Parcelaciones legales e irregulares con fines ajenos al agrícola, autoconstrucción, desinformación de comprador, planos regulares deficientes, escasa o nula fiscalización, débil normativa y un largo etcétera resurgen en las voces de expertos, autoridades y damnificados cuando analizan los anegamientos de viviendas en zonas cercanas a los ríos Chillán, Niblinto y Ñuble.
Entre los afectados por el temporal, salen a la luz historias de algunos vecinos que adquirieron loteos brujos y autoconstruyeron, otros que compraron parcelas en regla y que edificaron casas con permisos otorgados por las direcciones de obras municipales o bien sin éstos.
Mayerling Cid Bonet sufrió la crecida del río Chillán en el sector de Callejón Doña Catalina, camino a Pinto. La casa de su padre, ya fallecido, ubicada en un terreno regular (5 mil m2) adquirido hace más de 10 años, se la llevó la corriente. Sin embargo, su vivienda, que construyó en la misma parcela, se salvó, pero quedó el afluente en el sitio.
“La casa de mi papá estaba en regla, con apoyo de arquitecto y con permiso de edificación de la municipalidad. Y mi casa con mayor razón, porque postulé al subsidio y se construyó, por ende, no era un terreno brujo. Yo tenía el terreno cerrado con panderetas, todo el perímetro y después del mío había otro sitio que se vendió y ahora se perdió. Vivíamos en la ribera, pero no a orilla, porque uno no puede construir a ciertos metros de la playa. Todo eso estaba en regla. Yo estaba fuera del encajonamiento”, relató.
Según la vecina, el impacto del río se hubiese evitado con obras de intervención, las que según le comunicaron deberían comenzar en los próximos meses. “Siempre advertimos y solicitamos la intervención del río, el enrocado, a la DOH, antes de que pasara esto y no se nos escuchó por el tema de los recursos. Y después para dejarnos tranquilos se hizo un ensanchamiento y limpieza en 2018”, dijo.
Mayerling contó que cuando su padre solicitó el permiso de edificación con personal especializado en la municipalidad, nadie le advirtió de un potencial riesgo o puso objeciones. Ni tampoco cuando adquirió el subsidio para construir su casa, aprobándose ambos trámites.
Aunque al revisar la planta general de la subdivisión de loteos, cuando se adquirió la parcela o lote 8, si bien contaba con timbre del SAG por cumplir con la normativa para la subdivisión de predios rústicos, no significaba autorización del organismo para el cambio de uso de suelo. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se permite el derecho a construir -a lo menos- la vivienda del propietario en predios rústicos.
“Si la municipalidad te advierte de los riesgos, ellos no deberían dar permisos (…) Nadie en el fondo te advierte de los riesgos. (…) Si me autorizan me quedo tranquila, si te autorizaron es porque está en regla”, comentó.
En Coihueco, la casa del sector Primera La Hijuela trascendió a la prensa nacional como un caso emblemático de las construcciones afectadas por las inundaciones. Estaba distante a 70 metros del río Niblinto. Antes una ruta pavimentada separaba la propiedad del afluente. Sin embargo, con el temporal pasado esta quedó a orillas del cauce.
Desde el municipio precisaron que contaba con permiso de edificación otorgado en base a antecedentes presentados por una empresa contratada por el Serviu, ya que se trataba de una casa con un subsidio y se verificó que la obra construida fuera la propuesta en los planos originales para hacer la recepción.
Municipalidades en la mira
Tras lo sucedido, el rol de los municipios en el otorgamiento de autorizaciones y su poder fiscalizador para evitar viviendas en terrenos irregulares o de riesgo, ha estado en la mira.
Fuentes consultadas por La Discusión revelaron que las capacidades no son suficientes, por ende, a veces no se fiscaliza del todo y que incluso se haría una supuesta vista gorda, porque podría ser “poco popular” para algunos alcaldes o por razones de necesidad habitacional, por ejemplo, en el caso de las “autoconstrucciones”.
En virtud de la normativa, los planes reguladores rigen en la zona urbana y la LGUC en lo rural. En ese contexto, el municipio de Coihueco respondió que fiscaliza de acuerdo a la ley. Sin embargo, reconoció que las herramientas son limitadas, a nivel personal e instrumental, considerando la extensión de la comuna.
“Cada permiso de edificación está avalado por la presentación de una carpeta con antecedentes, firmada por profesionales, entre los que se encuentra el proyectista, encargado y responsable ante la ley, de que la obra sea segura. Es decir, si un proyectista, bajo juramento, dice que la obra cumple con los estándares, el Municipio sólo tiene facultad de revisar que se haya construido lo propuesto en el plano”, detalló Hernán Sepúlveda, director de Obras de la Municipalidad de Coihueco.
“En cuanto a herramientas técnicas, poseemos los antecedentes que determina la ley y que son solicitados antes de edificar y corroborados tras la edificación. En cuanto a las características de las zonas damnificadas, es preciso señalar que, por norma, no existen elementos de planificación territorial para zonas rurales, estos están pensados para zonas urbanas. Adicionalmente, la comuna no tiene zonas declaradas inundables lo que, a la luz de los hechos, podría o debiera cambiar prontamente”, agregó.
Por su parte, desde el municipio de Chillán informaron que en el sector rural hay muchas de las construcciones que se encuentran en loteos irregulares y que han efectuado controles. “En este caso se realizan fiscalizaciones periódicas en conjunto con la dirección de Inspección Municipal, función en terreno que se espera ir incrementando en la medida que se disponga de personal exclusivo, tal como está trabajando en esta materia la actual administración del municipio. De todos modos, hay notificaciones cursadas y en curso a los propietarios para regularizar la situación de su vivienda en particular. Existe un plazo aproximado de seis meses para hacerlo una vez cancelada la multa en el Juzgado de Policía Local”.
Por otra parte, la Municipalidad reconoció que la construcción en zonas rurales es un tema muy complejo en lo social, económico y geográfico. “Hay que considerar que las ‘autoconstrucciones’ de viviendas son el resultado de la necesidad de algunas familias por tener su casa propia y los problemas que enfrentan para gestionarla. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, todas ellas están sujetas a las normativas vigentes. Algunas construcciones rurales fueron regularizadas”.
La Discusión consultó a la Seremia de Vivienda y Urbanismo, pero al cierre de esta edición no fue posible acceder a información. Según la LGUC, en su artículo 55, “corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal.”
Planificación territorial
Para la presidente del Colegio de Arquitectos, Viviana Norambuena, lo sucedido con las casas que se construyeron en zonas inundables, demostró que la planificación con perspectiva de riesgo es una deuda pendiente en la región.
“Estamos muy al debe en planificación en la región. Se debería planificar a nivel regional indicando las zonas de riesgo, como ejemplo; los mapas de zonas inundables que se hicieron en el contexto del tsunami, y difundir esa información para que las personas tomen decisiones informadas a la hora de vivir en un lugar”, dijo.
Desde su visión, es clave implementar un área metropolitana y que el Gobierno Regional elabore el Plan de Ordenamiento Territorial (PROT) y la Política Regional de Desarrollo Rural, indicando zonas de riesgo, ya que ayudarían a mejorar la planificación y a determinar dónde es seguro construir, lo que sería útil para que los municipios puedan aprobar o no un permiso de edificación.
“Los planes reguladores tienen un informe de riesgos, pero sólo dentro de los límites urbanos, que es una superficie menor del territorio. (…) Los permisos de edificación los puedes tramitar en zonas rurales o urbanas y son aprobados por la Dirección de Obras Municipales. El asunto es que si alguien construye sin permiso no se fiscaliza mucho en realidad. Ahora, si las municipalidades no cuentan con información geofísica o geológica de sus territorios también pueden equivocarse y aprobar un permiso en un área. (…) Hay poca capacidad, pocas personas o pocas herramientas de sistemas de información geográfica que permitan detener construcciones en zonas de riesgo” explicó.
En contrapunto, Claudio Martínez, jefe de Planificación y Desarrollo del Gore Ñuble, sostuvo que ni el PROT, que aún no está formalizado como instrumento, ni una Política Regional de Desarrollo Rural, abordan de manera tan específica el análisis de riesgos.
“Una buena información base, propia del proceso de elaboración de los planes reguladores, puede ayudar a incorporar el factor de riesgo en la generación de las normas locales de uso del suelo. Para la intercomuna, se cuenta en este momento con el Plan Regulador Intercomunal que aún está en trámite en la Contraloría y que incluye el análisis de riesgo”, complementó.
Para el arquitecto del Gore, una manera de evitar que se vuelva repetir el mismo escenario de casas anegadas en el sector rural, pasa por aumentar la fiscalización y reformular los planes reguladores comunales.
“Son los municipios los que deben fortalecer la fiscalización, a fin de evitar la construcción en terrenos irregulares o de riesgo. Como Gobierno Regional podemos aportar con financiamiento permanente a través del FNDR, para la elaboración de planes reguladores comunales. Actualmente, las comunas de Pinto y de El Carmen están diseñando nuevos planes con nuestro financiamiento. En ese sentido, estamos aportando a la solución del problema, aunque de acuerdo a la ley, las iniciativas deben ser presentadas por los municipios. (…) Hoy día, considerando la realidad y los efectos del cambio climático, se requiere una actualización de los planes reguladores, que incluyan con mayor rigurosidad la perspectiva de riesgo”, apuntó.
Normativa
Para el arquitecto y académico de la Universidad de Concepción, Leonel Ramos, una de las problemáticas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que rige para el área rural, es que tiene aspectos muy generales y no define zonas ni planes de inundaciones.
Planteó que es necesario un esfuerzo legislativo para catastrar y definir prohibiciones de construir en lugares peligrosos.
“Si ya es difícil regular la zona urbana imagine en la zona rural. Tiene que haber un cambio y una postura desde, por un lado, el Estado regulando, siendo más estricto con los municipios y permisos que se dan y por otro, en las comunidades. Hay que trabajar con estas, con una campaña informativa y que asuman el riesgo. Algunos casos ni siquiera tienen permiso de edificación. Es decir, una persona compra un terreno y hace su casa donde quiere y después regulariza o nunca lo hace”, sostuvo.
En ese sentido, el arquitecto y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Felipe Igualt, planteó que los fenómenos meteorológicos actuales obligan a replantear un cambio en la normativa que rige la construcción, por ende, se requiere una actualización de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción.
“La planificación, que se dedica a estas problemáticas de las ciudades, apuntando escenarios futuros y apostando al cambio climático, diría que está en un momento emergente, sí se le puede atribuir responsabilidad por la poca legislación que existe en torno a cumplir con esta planificación. La Ordenanza tiene una muy buena intención sobre la planificación, pero desgraciadamente la gente no conoce plan regulador ni que hay zonas de inundaciones”, señaló.
En ese sentido, como la planificación es un proceso lento y que rápidamente va quedando obsoleta, el profesional apuntó que es necesario ahora enfocarse en la adaptación, como el caso de viviendas elevadas en Dichato en respuesta al tsunami, y que ese proceso tuviese apoyo de subsidios si lo amerita.
“Si las viviendas no son capaces de revertir su vulnerabilidad a la inundación, van a seguir teniendo los mismos impactos con eventos futuros, independiente de un plan. En Chile la planificación es muy lenta. En muchos casos va a depender de los propietarios y de la educación”, mencionó.
Para el abogado y académico de la UdeC, Víctor Moreno, existe un marco regulatorio débil y negligente en el tema, que no ha encontrado voluntad política para ser modificado, probablemente por el importante lobby e intereses que existen al respecto.
“Si podemos sugerir algunos pilares de solución, en ellos podemos ubicar la superación de la regulación actual del DL 3.516, el fortalecimiento a la planificación no urbana y la aplicación efectiva de la normativa, donde no podemos generar nuevos núcleos urbanos al margen de la necesaria planificación, fin consagrado en la ley vigente, pero que carece de aplicación práctica producto de una débil fiscalización”, expuso.
Asimismo, admitió que los ciudadanos “debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad, al adquirir y construir en lotes adyacentes a ríos o en humedales, donde fenómenos poco frecuentes, pero no imprevisibles del todo, se traducen en desastres materiales o verdaderas tragedias personales”.
