Luego del segundo plebiscito fallido y la sensación en el aire que tras cinco años de discusión, el país seguirá rigiéndose por la Constitución de 1980, reformada en democracia, la pregunta que surgió en diversos sectores fue si realmente es eso lo que quiere la ciudadanía.
En lo inmediato es un hecho que no habrá un nuevo proceso, no obstante, existe cierto consenso en ciertos sectores respecto de la necesidad de realizar ajustes, sobre todo, en materia de pensiones, salud, educación y sistema político.
Según el abogado y académico de la U. de Concepción, Alfonso Henríquez, afirmar que se mantiene vigente el mandato de cambiar la Constitución del plebiscito de 2020 es difícil.
“No podemos olvidar, por ejemplo, que hemos tenido una pandemia, un cambio de gobierno y dos procesos fracasados, de manera que el país que tenemos hoy es distinto al que teníamos el 2020. Puede parecer algo muy obvio, pero en términos políticos, estos eventos y cambios pueden hacer toda la diferencia. Además, la voluntad de la ciudadanía nunca se expresa de forma definitiva, esta puede rechazar hoy lo que ayer aceptó con entusiasmo. Por tanto, para responder a dicha pregunta, lo más prudente sería volver a consultar a los ciudadanos, teniendo a la vista el actual panorama social y político”, aseveró.
Respecto de fórmulas que pudieran adoptarse a futuro para efectuar cambios, Henríquez sostuvo que “desde luego, los partidos podrían optar por impulsar algunas reformas en el congreso. Para ello, existen varios insumos disponibles, el proyecto de la expresidenta Bachelet, el texto de la Convención, la propuesta de la Comisión Experta, o el proyecto del Consejo. La propuesta de la Comisión Experta, al ser un texto de consenso entre todos los partidos, podría ser un buen camino para modificar ciertos aspectos del régimen político”, expresó.
Por otro lado, añadió, “se ha insistido en que volvimos al punto de partida, pero esto no es del todo cierto, dado que se han bajado los quórum de reforma constitucional y los requeridos para la aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. Así, existe espacio para que los partidos puedan llegar a algunos acuerdos mínimos, si de verdad tienen interés en ello, pero, sobre todo, si fueron capaces de sacar algunas lecciones a raíz de esta crisis. Pero si no hay interés, o si no se dieron estos aprendizajes, entonces es probable que los problemas se mantengan. Pero tampoco nos podemos engañar. Si lo que se busca es introducir cambios que mejoren la calidad de las personas, entonces este objetivo se podría alcanzar sin necesidad de reformar la Constitución, para ello la vía legal y administrativa parecen ser los caminos más promisorios. Lo que descartaría de plano, sería insistir con un nuevo proceso constitucional mediante una asamblea. Una enseñanza que nos dejan estos dos procesos es que existe una brecha muy grande entre la teoría constitucional y la práctica política. Muchos pensamos en su momento, que la vía más adecuada para el cambio institucional era a través de una asamblea elegida democráticamente. Sin embargo, este mecanismo parece requerir algunas condiciones mínimas para su éxito, como, por ejemplo, que existan grupos dispuestos a transar y a llegar a acuerdos, condición que en nuestro caso no se dio ni en la Convención ni en el Consejo. En ambos supuestos se generaron textos que representaron las ideas de un solo sector, sin incorporar aspectos que eran importantes para el resto. Esto se podría explicar por la falta de incentivos institucionales para llegar a consensos, error que se repitió en ambos casos, de modo que no resultaría recomendable insistir por este camino”, recalcó.
“Las demandas siguen vigentes”
Cristian Quiroz, académico del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica de Temuco, cree que sería un error pensar que, tras el rechazo de los dos borradores, o de las dos propuestas de nueva Constitución, se dé por ratificada la Constitución de 1980, “más allá de las modificaciones que puede haber tenido durante estos años de democracia, y particularmente en el periodo del presidente Ricardo Lagos. No se trata entonces de ratificar esa Constitución, ni que estos dos rechazos hayan dado por superadas las brechas y las demandas sociales expresadas en el estallido, por tanto, creo que esto se mantiene vigente en materias como la previsión social, en materia de salud, educación, entre otros derechos sociales que la sociedad chilena ha venido reclamando desde hace tantos años”.
Sobre el mandato que se entregó con el plebiscito de entrada del primer proceso constitucional, sostuvo que en realidad, ya está vencido.
“De hecho, el segundo proceso constitucional no fue producto de un plebiscito o de la expresión explícita de la soberanía popular, sino que fue un acuerdo institucional. Eso sí, también tiene un valor. ¿En qué sentido? Si bien la ciudadanía estuvo ausente del debate inicial, y tal vez en buena parte del proceso, sí obedece a un acuerdo político que es relevante. La institucionalidad en una democracia tiene que funcionar. ¿Y cuál fue el caso? Funcionaron los partidos políticos, funcionó el congreso, y particularmente funcionó el rol del Ejecutivo, el Presidente de la República, en orden a iniciar un nuevo proceso”, afirmó.
Respecto de lo que viene, Quiroz expresó que “en lo inmediato, nuestro país no está en condiciones de seguir avanzando con un proceso constituyente como lo teníamos preconcebido desde el punto de vista de la literatura o desde el punto de vista de la expectativa política de mucha población, de la población que lo promovía. Dicho esto, y sumando lo que decíamos anteriormente, que las demandas siguen vigentes, creo que es clave plantear algunas reformas a la Constitución vigente que viabilicen algunos cambios institucionales relevantes, sustantivos, y para eso va a ser clave particularmente el próximo Gobierno y el próximo congreso. ¿Por qué digo el próximo? Porque creo que ya estamos entrando a un año electoral municipal y de gobiernos regionales, ya hay candidatas y candidatos presidenciales corriendo, y por tanto es claro que hay indicios de lo que se denomina el inicio del período del ‘pato cojo’, que es cuando el Gobierno deja de tener la incidencia en la agenda pública y surge otro tipo de liderazgo. En este caso, creo que efectivamente ya se ha iniciado este proceso, a lo que se suma que no existe una mayoría parlamentaria amplia, por lo que creo que este va a ser tema del próximo proceso electoral, el del año 2025, en orden a impulsar reformas con el nuevo gobierno, con el nuevo congreso. Y en un periodo, tal vez, de mediano plazo, replantearse si es que esas reformas no se han ajustado a lo que la ciudadanía espera, probablemente tengamos un nuevo proceso. Creo que el poder constituyente radica soberanamente en la ciudadanía, y es ella la que dirá en su momento si es que corresponde seguir insistiendo en un nuevo proceso, o da por superados los problemas o respondidos en menor o mayor medida sus demandas en función de las reformas que la constitución pueda tener”, aseveró.
“Urge reformar el sistema político”
Desde el mundo político, la exconsejera de la UDI, Carolina Navarrete, también advierte que el mandato del plebiscito de 2020 no sigue vigente.
“Para lo único que sirvieron estos dos procesos, tanto en el año 2020-2021 como este año 2023, es para darnos cuenta que los chilenos y chilenas entendieron que la solución a sus problemas inmediatos, la solución a las urgencias sociales, no pasa por hacer una reforma completa a la Constitución. Eso como primer punto. Pero obviamente, tenemos que avanzar en lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando a través del gobierno del presidente Gabriel Boric, que vemos cómo aún no sintoniza con las urgencias que tienen las personas. Para mí lo más importante en el corto plazo es poder hacer frente a la crisis de seguridad, tomar medidas drásticas y tomar medidas concretas para desincentivar el avance que ha tenido la delincuencia y la sensación de inseguridad en nuestro país”, manifestó.
En cuánto a qué alternativas serían las adecuadas para reformar la actual carta magna, sostuvo que “cambios hay que hacer, eso está claro. Que los chilenos hayamos entendido que no es a través de la Constitución, también está claro. Pero yo creo que los cambios deben ir por el congreso. Yo creo que insistir nuevamente en cambiar toda la Constitución es inoficioso. Sea cuál sea el mecanismo, sea cuál sea el producto que salga de eso, en los próximos cinco o 10 años va a ser rechazado por la ciudadanía, porque como dije, ellos entendieron que los cambios inmediatos no pasan por la Constitución”, afirmó.
Entre las urgencias que debiera abordar el congreso, además de seguridad, Navarrete cree que se debe reformar el sistema político.
“Lamento que no se haya aprobado esta nueva Constitución, por eso. Para mí, todos los cambios o todas las reformas necesarias que el país necesita pasan y se retrasan y no avanzan porque existe una gran fragmentación en el congreso nacional. Y una de las cosas que se proponía en la nueva Constitución era reducir el número de parlamentarios, pero más allá de eso, fijar el umbral del 5% para que cuando se aplicara, de 22 partidos que conviven hoy día en el congreso, pasáramos, a lo máximo, a tener nueve u 11 partidos políticos. ¿Y por qué? Porque finalmente, mientras más fragmentación existe, mientras más partidos políticos hay que defienden sus nichos, menos acuerdos importantes existen para las personas, y finalmente menos leyes se dictan pensando en cómo mejorarle la vida a las personas”, mencionó.
Para Carolina Navarrete, el mandato de cambiar la Constitución no sigue vigente. “Si me preguntan si veo o espero que en algún minuto, no en este gobierno, sino que en el próximo, de alguna parte de la izquierda radical se levante un nuevo proceso constituyente, yo creo que va a venir, y ahí tenemos que ser lo suficientemente coherentes para evitar que eso suceda. Creo que si algo nos quedó claro de los dos procesos constitucionales fallidos que tuvo nuestro país, es que las personas se dieron cuenta de que la solución a sus problemas más urgentes no pasa por cambiar la Constitución, sino que por tener una mayor gobernabilidad, y esa gobernabilidad pasa porque el gobierno de turno no peque de soberbio y por escuchar cuáles son las urgencias de la ciudadanía para resolver sus problemas”, sentenció.
“Es hora que el congreso haga la pega”
Alejandro Mellado, presidente regional de Evópoli, sostuvo que “todo cambio y avance en Chile, debe ir acorde a los tiempos, la mejora continua en temas del marco jurídico es necesaria, dado que los países avanzan y es necesario generar escenarios adecuados para ello, pero ha quedado claro que los cambios deben realizarse y gestionarse con participación ciudadana, es parte de la democracia”.
Agregó que “con dos procesos fracasados, es necesario que nuestras fuerzas políticas hagan un ‘mea culpa’ de cómo se están relacionando con la gente, con sus problemáticas, dificultades y dolores. Por tanto, creo, que el mandato del 2020 ya tuvo su oportunidad y no fue aprobado por Chile”,.
Sobre la posibilidad de utilizar el texto de la comisión de expertos para impulsar algunas reformas, afirmó que “es una buena base para poner sobre la mesa, temas técnicos en el marco jurídico. No veo espacio, por ejemplo, para revivir el proyecto de Michelle Bachelet, los tiempos y escenario político y social han cambiado mucho, debemos enfocarnos en lo actual y por sobre todo, en lo futuro. Creo, que es hora que el congreso haga la pega, para lo cual fueron electos democráticamente, es necesario que se generen los cambios y acuerdos para dar estabilidad al país, sobre la base de proyectos de ley acordes a las reales necesidades de Chile y su gente, pero tendría cuidado con impulsar un cambio constitucional mayor sin consulta ciudadana. Eso sí, el país y la economía no soportarían otro proceso Constituyente, con todas sus implicancias, tanto económicas como socio-políticas”.
“Proyecto de Bachelet fue una base”
En el oficialismo, en tanto, sí creen que el mandato de 2020 continúa.
“Como PPD, creemos que el mandato para una nueva Constitución sigue vigente. Las demandas que se levantaron en el estallido social del 2019 se mantienen intactas. Ni en el gobierno de Piñera ni en el actual gobierno se ha podido dar respuesta a través de instrumentos, como la Constitución política. Nos convoca hoy a mirar que está intacto el tema de las pensiones, la salud, la educación, la vivienda. Todo esto sigue siendo una urgencia que responder y que no lo soluciona la nueva Constitución, lo entendemos. Pero sienta las bases para el desarrollo de un país más inclusivo, solidario, que ponga en primera línea las necesidades de todos los chilenos”, afirmó la presidenta regional de la colectividad, Yesenia Figueroa.
Añadió que “obviamente no podemos dejar de pensar en la propuesta que se hizo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, porque fue la base sobre cómo se ha ido manifestando el tema de la modificación constitucional. Obviamente hay que utilizar la experiencia adquirida. Hay que tomar la línea base que entregó Bachelet 2 y la base de la comisión experta. Con estos antecedentes hay que avanzar con lo que tenemos. Efectivamente el gobierno tendrá que mirar esto en dos perspectivas. Tratar la urgencia de las necesidades sociales del país, y también proyectar las modificaciones en el congreso sobre la Constitución con los elementos que hay para poder ofrecer una mejor estabilidad para toda la gente”.
“Se necesitan los votos de la derecha”
Para la presidenta regional de Convergencia Social, Francisca Leyton, “lo más importante hoy es que podamos resolver las urgencias ciudadanas. La seguridad, la mejora del sistema de pensiones, el desempleo y el mejoramiento del sistema de salud no son demandas que se hayan acabado con el plebiscito. Vamos a insistir en eso. Pero las personas deben saber que se necesitan los votos de la derecha en el congreso, cuestión a lo que se han negado una y otra vez en los últimos treinta años. Del fracaso constitucional se deben obtener lecciones. Nosotras creemos que ha sido derrotado el programa de gobierno de la derecha más dura, y por eso están llamados a llegar a acuerdos con el gobierno del presidente Boric. No por su voluntad, sino porque los dos últimos plebiscitos mandatan a los partidos a dicho acuerdo”.
