El proceso de regionalización iniciado en la dictadura militar ha llevado consigo una tutoría y sumisión a cargo de intendentes nombrados por los presidentes que han sometido los gobiernos regionales a la voluntad de los gobiernos centrales de turno. Por lo mismo, la elección de gobernadores regionales, a través del voto popular, es uno de los cambios más emblemáticos en materia de descentralización de las últimas décadas.
Por eso lo ocurrido ayer en las 16 regiones del país, donde juraron las nuevas autoridades regionales, tiene enorme significado para el proceso descentralizador, aunque aún falten definiciones claves de esta inédita institucionalidad, como son las leyes de nuevas competencias y financiamiento que todavía se tramitan en el Congreso.
En Ñuble, asumió el trabajador social y militante socialista Óscar Crisóstomo. Él presidirá el Consejo Regional, coordinará algunos órganos y servicios públicos y fiscalizará a aquellos que dependen del Consejo. También podrá asignar recursos para el programa del Gobierno Regional, los programas de inversión sectorial, y formular políticas de desarrollo de la región.
En su primer discurso, durante la ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Chillán, planteó precisamente que la colaboración la transparencia y participación serán los ejes de una gestión dirigida a generar puentes con municipios, el gobierno central y el sector privado.
Pero ayer también se estrenó otro cargo: el delegado presidencial que tendrá entre sus atribuciones velar por el orden público, recurrir a la fuerza pública y adoptar medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe. En Ñuble, el Presidente Piñera decidió mantener a Cristóbal Jardua (UDI), quien para la estadística será el último intendente de la historia de Ñuble.
Gobernador y Delegado tendrán una cohabitación que dará lugar a una dinámica política regional sin precedentes en América Latina y el mundo, cuya antesala no ha estado exenta de tensiones.
El Gobierno nunca tuvo la voluntad real de abrir camino y empoderar a una institución que le restaría poder al gobierno central, y después de la elección de junio pasado la disposición fue peor, pues de los 16 cargos a nivel nacional, 15 quedaron en manos de la oposición. De ahí provienen las amenazas de recortes presupuestarios, el amarre de funcionarios y operadores políticos y las trabas a la instalación, entre otros desencuentros.
A estas alturas nadie está en condiciones de afirmar si este diseño fue bueno o malo, pero si podemos deducir que las relaciones intergubernamentales se harán altamente complejas y exigirán una especial capacidad de diálogo y colaboración, a fin que el bloqueo y los conflictos no se conviertan en la tónica de un proceso que está llamado a correr los límites de la pesada tradición centralista de nuestro país y promover una real transferencia de autonomía política a las regiones.
