La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados espera despachar la próxima semana la reforma de pensiones, luego que ésta se aprobara en su símil de Trabajo, sin los votos de la derecha.
La discusión en la instancia parlamentaria ha sido tensa, y los avances, lentos. Pese a ello, el gobierno ya anunció que presentará indicaciones en torno a dos temas: la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo modelo de financiamiento ha generado críticas de la derecha al no garantizar el aumento del beneficio a 250 mil pesos; y las comisiones de intermediación, que tendrán un límite a ser fijado por el Comité Técnico de Inversiones y la Superintendencia de Pensiones.
También se presentó una propuesta sobre el recálculo de tablas de mortalidad y seguro de longevidad, temas que habían sido introducidos hace un tiempo por parlamentarios DC, hoy Demócratas.
“Queremos agradecer la propuesta que distintos sectores políticos nos han hecho llegar y en este caso en particular de la bancada del PPD- Independientes y que tiene una mirada muy precisa, que le hace mucho sentido a la ciudadanía y que tiene que ver con las tablas de mortalidad. Por eso hemos acogido la propuesta de reducir las tablas de mortalidad y quienes pasen, cierto, de la edad de dichas tablas, van a contar con un seguro de longevidad que estamos diseñando en conjunto con los parlamentarios y parlamentarias”, sostuvo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Las expectativas del gobierno son, primero, que la reforma se vea en general en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados antes de receso legislativo de febrero; y segundo, y quizás, lo más complejo, que pueda pasar esta primera etapa y no ocurra lo mismo que con la reforma tributaria.
Se crea un seguro social con el 3% de la cotización extra
Finalmente la comisión de Trabajo de la Cámara aprobó la nueva distribución de la cotización adicional de 6% que será de cargo del empleador. La enmienda, en concreto, permite que tres puntos porcentuales se destinen al Seguro Social que crea la reforma, y tres a las cuentas individuales, con solidaridad intrageneracional, para mejorar las pensiones actuales y futuras. De este modo, el Ejecutivo acogió la propuesta planteada por partidos del centro político, como DC, Demócratas y PDG.
Respecto de las prestaciones de este seguro social, se compone de una garantía de 0,1 UF por año cotizado, con un máximo de 3 UF, tope que, a valor actual, equivale a $110.000, aproximadamente, generando incentivos a la formalidad y a la cotización. También se incorpora un complemento por labores de cuidados a terceros, para aquellos que cuiden a personas con dependencia moderada o severa.
Éste consiste en un complemento equivalente a una cotización promedio al Fondo Integrado de Pensiones, con un máximo de 24 cotizaciones durante el período en que esté ejerciendo el cuidado. Además, se crea la compensación por diferencias de expectativa de vida, que irá en beneficio de las mujeres, por la pensión obtenida por vejez o invalidez del componente de capitalización individual del Pilar Contributivo, abordando las menores pensiones que reciben por el hecho de vivir más. Del mismo modo, se establece que el administrador del Seguro Social será el Instituto de Previsión Social (IPS).
Desde la derecha, ya anunciaron que no respaldarán esta fórmula.
“No daremos votos para quitar sus cotizaciones a los trabajadores, que es propio de su esfuerzo de muchos años”, sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya.
“Es básicamente un descarado impuesto disfrazado como ‘seguridad social’. Para pensiones, no hay donde perderse: todo debe ir a cuenta individual”, enfatizó el líder gremialista, postura que desde el oficialismo han tildado como “defensora de las AFP”.
Posibilidad de autopréstamo: parlamentarios quieren aumentar el monto
En el proyecto de reforma de pensiones que propuso el Gobierno, se agregó la posibilidad de realizar un autopréstamo con los fondos que determinados cotizantes tengan ahorrados en su cuenta de AFP.
La iniciativa ya fue aprobada por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero un grupo transversal de parlamentarios presentó una indicación para aumentar el monto del autopréstamo que sugiere La Moneda.
La propuesta del gobierno es un autopréstamo de poco más de $1.000.0000, y consiste en solicitar un monto de hasta 30 UF (poco más de $1.104.667, según el cambio de la UF al 16 de enero). Eso sí, el alcance de la iniciativa no es universal, porque únicamente podrían acceder al autopréstamo los afiliados al sistema de AFP que estén a cinco años o más de jubilar, por un monto equivalente al 5% de lo ahorrado, respetando el tope de las 30 UF.
Como se trata de un préstamo, el cotizante posteriormente debe reintegrar los montos que obtuvo desde su cuenta individual de AFP, y así no perjudicar la pensión que recibirá una vez que se jubile.
Para ello, la devolución de los recursos comenzaría desde el mes subsiguiente de la solicitud y se contemplaría una cotización adicional del 2%.
De los más de 11 millones de afiliados activos, 9,3 millones podrían ejecutar la propuesta del gobierno, pero solo 1.400.000 de ellos podrían optar al máximo de las 30 UF.
Al proyecto de la Moneda, diputadas y diputados oficialistas y de oposición ingresaron una indicación para que el máximo de las 30 UF se incremente a 150 UF, haciendo que el eventual autopréstamo sea del 5% del total ahorrado -como lo sugiere el Gobierno-, pero con un máximo de hasta poco más de $5.523.000, según el cambio de la unidad de fomento al 16 de enero.
El parlamentario Rubén Oyarzo (Partido de la Gente) es uno de los principales impulsores de la medida y manifestó que “$1 millón no es suficiente para la clase media y la clase media emergente”.
Si bien no manifestaron el plazo de devolución, el grupo de congresistas pretende ampliarlo, para que haya tiempo suficiente para restituir estos fondos.
Sin embargo, la sugerencia parlamentaria está lejos de convencer a las autoridades del Ejecutivo, al punto de declararla como inadmisible.
“Lo que hay que tener claro es que el autopréstamo, tal como está en el proyecto de ley, está diseñado de tal manera que sea efectivamente un préstamo y no un retiro encubierto”, declaró el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
La advertencia de las Pymes: “Aumento de 6% es complejo”
La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme) advirtió hace unos días una supuesta exclusión de pequeñas empresas en la Reforma Previsional, resaltando que ésta “solo beneficia a los grandes empleadores”.
“Para las Pymes, aumentar en un 6% el costo de las cotizaciones previsionales es un tema complejo, porque se encuentran en desventaja hoy respecto de otros empleadores”, afirmó Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile.
El dirigente agregó que “vemos que se ha observado que las Pymes no están en su mejor momento, y por lo tanto, un incremento de las cotizaciones previsionales en un 6% implica un costo alto para ellas. Aquí solo es importante el aumento de los costos pero no se facilita que estas empresas puedan acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya que la evaluación para dicho acceso no solo considera el Registro Social de Hogares, sino que también otras diversas variables, sin tener en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las Pymes”. Sandoval también destacó la situación de las Pymes que, al tener iniciación de actividades, podrían ser consideradas como teniendo otros ingresos, sin evaluar adecuadamente si realmente los tienen, lo que resulta en su exclusión de los beneficios de la reforma.
“El aumento del 6% en sus costos disminuye considerablemente la posibilidad de que las Pymes accedan a la PGU, a pesar de que sus aportes son comparables a los de los trabajadores dependientes. Los beneficios deberían ser proporcionales y no deberían excluirse simplemente por tener iniciación de actividades”, enfatizó.
Conapyme hizo un llamado a la formalización empresarial, y sostuvo que penalizar a quienes actúan de manera responsable, cumpliendo con la formalidad y el pago de impuestos, crea una desventaja significativa para las empresas formales en comparación con las informales, especialmente en lo que respecta a las cuestiones previsionales.
Universalización de la PGU y crecimiento “sostenible”
En la Comisión de Trabajo se votaron las normas relacionadas al fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre las que se encuentran el aumento del monto a $250.000 y su universalización, sujeto al aumento de los ingresos fiscales para financiar de manera responsable este gasto permanente (al respecto, el Ejecutivo anunció que ingresará una indicación para aclarar y asegurar este punto).
Del mismo modo, se dispone que el aumento del monto de la PGU modifica en la misma cifra la Pensión Básica Solidaria de Invalidez que establece la Ley 20.255 y el Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años, el cual está fijado a un monto mensual equivalente a la mitad de la PGU.
También se universalizará su cobertura, transformándose en una pensión base otorgada por el Estado, sin encontrarse condicionada a que los beneficiarios se encuentren dentro del 90% más vulnerable, y eliminando el test de afluencia, medida que estará sujeta a recaudación de recursos. Se aprobó, además, incorporar a la PGU a las personas reguladas en las leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados), eliminando los aportes de dichas leyes del cómputo de la pensión base, toda vez se tratan de indemnizaciones por vulneraciones a derechos humanos acaecidas en la dictadura. De esta forma, podrán acceder cumpliendo los requerimientos que la ley exige.
Gobierno acogió indicación para rebajar tablas de mortalidad
El Gobierno anunció que se plegarán a la propuesta de parlamentarios independientes del PPD para rebajar las tablas de mortalidad que proyecta la ley para calcular las pensiones, actualmente fijada en los 110 años.
Cabe recordar que los legisladores condicionaron su voto al proyecto del Ejecutivo a este requerimiento que, además, contempla la creación de un seguro de longevidad mixto a partir de los 85 años, el cual se financiaría con dos puntos del 6% de cotización adicional.
“Queremos agradecer las propuestas que distintos sectores políticos nos han hecho llegar y, en este caso en particular, de la bancada PPD e independientes, y que tiene una mirada muy precisa, que le hace mucho sentido a la ciudadanía y que tiene que ver con las tablas de mortalidad”, expresó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
La autoridad explicó que con la iniciativa “quienes pasen de la edad que se determine en dichas tablas, van a contar con un seguro de longevidad que estamos diseñando en conjunto con los parlamentarios y parlamentarias. Sabemos que mejorar las pensiones es indispensable y con una medida como ésta, con una propuesta que se ha hecho de manera sólida, que se ha hecho de forma persistente y muy convincente, vamos a poder avanzar en esta reforma previsional. No me cabe duda que para todas aquellas personas que cuentan con un retiro programado y que han visto su pensión año a año disminuir y muchas veces acabarse, va a ser una muy buena herramienta para el momento de jubilación, junto con otras medidas como el seguro social”, añadió.
Se introduce el Gestor del Fondo Integrado de Pensiones (FIP)
Respecto del Gestor del Fondo Integrado de Pensiones (FIP), se aprobó su creación, señalando que será un organismo público autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Su objetivo es hacerse cargo de la atención de público y pago de los beneficios. Será supervisado por la Superintendencia de Pensiones y por la Contraloría General de la República.
Entre otros artículos aprobados relacionadas al Gestor, se definió la normativa aplicable al organismo y a su personal; sus funciones y atribuciones; además de regular la licitación de la administración de carteras de inversión del FIP. Al mismo tiempo, se votó la regulación del financiamiento y presupuesto del Gestor y se estableció la separación patrimonial entre el organismo y los recursos del FIP. Además, se aprobaron normativas relacionadas a la organización interna de la institución, como, por ejemplo, la que establece la Dirección superior del Gestor, la que se materializará a través de un Consejo Directivo y su director ejecutivo. Su gobierno corporativo será tripartito, ya que su directorio debe ser nombrado por una combinación de organismos estatales y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Además, se visaron artículos relacionados a las inversiones del FIP, entre ellos, el que establece la inembargabilidad del patrimonio del Fondo y el que establece su régimen de inversiones.
¿Serán heredables los fondos de pensiones?
Sí, existirá la heredabilidad en el componente de la capitalización individual, tanto en la etapa activa como pasiva.
Respecto de la pensión del seguro social, otorgará una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios: el o la cónyuge e hijos menores de 25 años que están estudiando.
Respecto del término del retiro programado y la renta vitalicia, la reforma de pensiones reemplaza el retiro programado por una nueva opción de pensión llamada renta vitalicia con herencia, que combina los mejores atributos del retiro programado con la renta vitalicia. Así las personas podrán elegir entre renta vitalicia con y sin herencia.
La renta vitalicia con opción de herencia tiene los mismos atributos de heredabilidad que el retiro programado, pero garantiza a la persona una pensión en UF de por vida. Se propone una pensión de renta vitalicia con herencia que permite a las personas tener una pensión estable y, además, dejar el fondo a sus herederos si fallece antes de agotar el fondo.
Las personas podrán elegir entonces, entre una renta vitalicia simple (que genera pensión de sobrevivencia para los beneficiarios: el o la cónyuge y los hijos menores de 25 años que están estudiando), o una renta vitalicia con opción de herencia que pagará una pensión más baja, pero que permitirá dejar herencia en los mismos términos que el retiro programado.
Inversores de Pensiones: fin al modelo de AFP como funciona hoy
Uno de los principales objetivos de la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric es poner fin al modelo de las AFP tal y como lo conocemos. En su reemplazo, se propone instalar los “Inversores de Pensiones”. En este sentido, existirá un Inversor de Pensiones del Estado (IPE) S.A., una entidad que representará la opción pública de los cotizantes.
Además, podrán constituirse varios Inversores de Pensiones privados, que permitirá la continuidad de las empresas que actualmente están bajo el sistema de las Administradoras de Fondo de Pensiones, aunque con menos atribuciones.
Bajo estos términos, los cotizantes podrán elegir si entregar sus ahorros al sistema público o privado, según prefieran.
Los Inversores se encargarán de las operaciones financieras que se relacionen con la inversión de los Fondos Generacionales que se reproduzcan desde las cotizaciones previsionales. No tendrá relación con el Fondo Integrado de Pensiones, que velará por los recursos que se generen para el Seguro Social. Cabe recordar que un 13,5% de las cotizaciones irá a las cuentas de capitalización individual y un 3% al Seguro Social y sus complementos previsionales.
