Todavía con los restos humeantes de viviendas destruidas por los incendios forestales, no son pocos los que ya están planteando nuevas regulaciones para las plantaciones, de hecho, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, reflotó la propuesta de aplicar un royalty a la industria forestal, y el presidente Gabriel Boric, planteó, la semana pasada, que era necesario abrir “una discusión de más largo plazo con el tema de la industria forestal”. Con la cabeza más fría, el ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó ayer que la tarea del Gobierno, en estos momentos, es únicamente enfocarse en los incendios.
Desde el mundo empresarial, en tanto, la Sofofa fustigó las declaraciones del Primer Mandatario y la Corma manifestó que “es inoportuno hoy abrir un tema sobre regulaciones, en momentos en que estamos enfrentando una emergencia nacional”. Por su parte, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, aseguró que “claramente no es el momento”.
La actividad forestal requiere ciertos controles y regulaciones en materia de seguridad, como, por ejemplo, la distancia respecto de caminos, infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, y fundamentalmente, de viviendas. En ese sentido, en el pasado se han presentado algunas propuestas y se han perfeccionado algunas normativas, a la luz de trágicas experiencias de incendios forestales, sin embargo, la gran debilidad tiene que ver con la fiscalización del cumplimiento de esas normativas.
Pero en el discurso de algunas autoridades subyace el interés de cambiar las reglas del rubro forestal, industria que durante cuatro décadas gozó de una sólida política de fomento desde el Estado, lo que le permitió convertirse en uno de los principales motores de la actividad económica.
El relato anticapitalista que demoniza la industria forestal, compartido por organizaciones ambientalistas, indígenas, sociales y políticas, recoge las críticas de comunidades que conviven con las plantaciones, que asumen las externalidades negativas pero no siempre se ven beneficiadas por su explotación.
Desde la vereda ambientalista, además, con una fuerte carga de mitos e intereses, las críticas apuntan al rol de las plantaciones en la sequía, mirada compartida por campesinos y parlamentarios, pero que carece de evidencia científica concluyente.
Mientras los más extremistas han optado por ataques incendiarios, diversos sectores coinciden en la necesidad de un nuevo trato con la industria, con distintos matices, lo que quedó de manifiesto años atrás cuando no hubo piso político para seguir prorrogando el DL701, de fomento forestal.
En estos días, la prioridad es la emergencia, apoyar a los damnificados y comenzar la reconstrucción de sus viviendas y de sus actividades productivas. Se requiere, además, celeridad en la persecución penal de los autores, tarea que sigue al debe y es clave en la lucha contra el terrorismo.
Y sin ceder a la tentación de regular en caliente, discutir, más adelante, una política que no defina a priori cobrar más impuestos, sino que aborde, desde los territorios, con información científica y con una mirada sustentable, las demandas en materia de regulación, una adecuada planificación territorial y del desarrollo rural, y herramientas de fomento para pequeños propietarios que aseguren la disponibilidad de materia prima en el futuro, promoviendo también la plantación de especies nativas.
