Cuando en 1992 se llevó a cabo la primera elección de autoridades comunales tras el retorno de la democracia, los partidos políticos tuvieron que hacer grandes esfuerzos para completar sus plantillas de candidatos. La razón: resultaba poco atractivo ser alcalde o concejal.
Esa visión definitivamente ha sufrido grandes cambios. La percepción que la ciudadanía tiene de los municipios y autoridades también se ha desarrollado, pues la gente los ve como aquel órgano de la administración del Estado más cercano y por ende más efectivo para la solución de sus problemas.
Sin embargo, al intentar conjugar la disposición de las municipalidades a resolver los problemas de la gente con los requerimientos de ésta, surgen los conflictos y descoordinaciones que desde hace 50 años se han arrastrado e incrementado.
En la actual Constitución Política, las atribuciones de las municipalidades provienen de una delegación de funciones del Estado central, que vienen dadas con una serie de cortapisas jurídicas y burocráticas que en la práctica han hecho que los cambios socioeconómicos, políticos y culturales de nuestro país en las últimas tres décadas no se hayan traducido en un debido ajuste de los gobiernos comunales para responder de manera eficiente y transparente a esas nuevas necesidades.
En la actualidad deben resolverse innumerables problemas que el legislador no previó para los municipios. Por ejemplo, las direcciones de obras municipales pasaron de conocer problemas de construcción de un Chile del siglo 20 a relacionarse con grandes inmobiliarias que buscan aprovechar la vulnerabilidad del sistema para presionar en busca de condiciones favorables. Además, al inspeccionar obras, otorgar permisos y patentes, han sido caldo de cultivo para malas prácticas y corrupción.
La solución no es fácil, pero la experiencia comparada recomienda una mirada integral que incorpore desde auditores especializados, plataformas de información para realizar seguimiento de las inspecciones, la publicidad y debate de los cambios a los planes zonales en el ordenamiento territorial e incluso servicios telefónicos y plataformas digitales para recibir denuncias contra funcionarios corruptos.
Igualmente, hay otras áreas grises, como ocurre con la mala práctica de convertir proyectos o contratos de consultorías en varios menores para así poder contratar directamente, obviando el llamado a licitación pública, o los contratos que son manipulados por la vía de “valorar” determinados atributos que solo un oferente puede tener o hacer vista gorda de exigencias básicas en cualquier licitación, como es la experiencia, su historial jurídico y financiero y la observancia de buenas prácticas empresariales, laborales y ambientales.
Si así fuera, jamás tendríamos casos de corrupción como el de las luces Led en Chillán o el reciente caso Cuentas Corrientes que afecta a cuatro municipalidades de la región. El nuevo proceso constitucional ofrece una coyuntura más que apropiada para un debate franco sobre estos asuntos y sobre todo para terminar con el velo de cinismo que cubre y ensombrece la gestión municipal.
