Mecanismo apuntaba a compensar los perjuicios económicos sufridos por el alza extraordinaria en el costo de los materiales de construcción y mano de obra, durante los dos años más críticos de la pandemia. Empresa sostiene que si la propuesta planteada inicialmente no se hace efectiva, “la empresa no podrá continuar con el contrato y por ende, concluir exitosamente las obras del Hospital Regional”.
El Grupo Inso Chile, empresa encargada de la construcción del Nuevo Hospital Regional de Ñuble, a través de una declaración pública ayer informó lo que calificaron como “ la grave situación que aqueja a una de las obras más emblemáticas de la región, dada la situación financiera que se produce por el atraso en la aplicación del nuevo mecanismo de reajustabilidad, creado para compensar los perjuicios económicos sufridos como consecuencia del alza extraordinaria en el costo de los materiales de construcción y mano de obra, durante los dos años más críticos de la pandemia y su fuerte impacto en el rubro de la construcción”.
Desde la compañía de capitales italianos precisaron que “a través del Decreto N° 304 de fecha 23 de marzo de 2023 del Ministerio de Hacienda, este mecanismo de compensación sería también aplicable al contrato de ‘Diseño y Construcción del Nuevo Hospital Regional de Ñuble’, sin embargo, según la última información obtenida desde el Ministerio de Desarrollo Social, la Contraloría General de la República no autorizó la aplicación de la fórmula diseñada para las obras de salud, y sí para el resto de los proyectos en ejecución de otros ministerios”.
Inso precisó que “este mecanismo de compensación, debió comenzar su aplicación a contar de marzo del presente año, no obstante, aún no se concreta y lo que es más grave aún, no existe claridad alguna de cuando ocurrirá ello, ni menos aún sobre qué montos se otorgarán, dejando en completa incertidumbre el futuro de la empresa y sus trabajadores. Es importante considerar que el Grupo Inso no ha paralizado la ejecución de la obra con motivo de los impactos económicos sufridos, como consecuencia de procesos de estallido social, la pandemia del Covid-19 y la guerra en Europa, situaciones que han afectado seriamente a las empresas constructoras e incluso han llevado a numerosas de ellas a la quiebra”.
En la misma declaración el Grupo Inso precisó que “ha sostenido reuniones con diversas autoridades del gobierno central en reiteradas oportunidades, sin lograr resultados favorables, poniendo en serio riesgo la continuidad de la obra, pues si la propuesta planteada inicialmente no se hace efectiva, la empresa no podrá continuar con el contrato y por ende, concluir exitosamente las obras del Hospital Regional”.
Lo que establece el decreto
En abril de este año, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Marta Carvajal, destacó la publicación del Decreto Supremo 304 del Ministerio de Hacienda que habilitaba la aplicación de un mecanismo de reajustabilidad retroactivo para los proyectos de inversión pública que estén en riesgo de término anticipado por el alza en los costos de la construcción.
En esa oportunidad la autoridad precisó que producto de una mesa de trabajo entre la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos se generó un instrumento que permitió dotar de reajustabilidad de forma retroactiva a los contratos de ejecución de obra pública de las iniciativas de inversión que son postuladas al Sistema Nacional de Inversiones (SIN) y que en su gran mayoría corresponden a contratos a suma alzada sin reajuste.
“Fruto de este trabajo, y en colaboración con la Contraloría General de la República, se formalizó el Decreto Supremo 304, que ha dispuesto una modalidad de reevaluación excepcional de proyectos, con el objetivo de poder actualizar el monto recomendado y donde el monto por suplementar no podrá superar el 20% del monto recomendado para el proyecto”, detalló la autoridad.
No obstante aquello, el grupo Inso informó que ese reajustabilidad no se ha concretado en su caso, lo que está afectando la materialización del hospital regional. Esto se debería a una negativa por parte de Contraloría, solo aplicable al ministerio de Salud.
