Una nueva formalización sumó el caso Luminarias LED, a cargo en el país de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, a excepción de la arista de Iquique. Se trata de la formalización de la responsabilidad penal de la persona jurídica de las empresas del Grupo Itelecom, por la arista Puerto Natales.
Según expuso en la formalización la fiscal Paulina Valdebenito Sanders, parte del equipo de la fiscal regional de Ñuble, a partir del año 2016 los gerentes de la empresa, de manera concertada, decidieron ofrecer sobornos a funcionarios públicos, con el fin de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias LED a lo largo del país.
Se acordó, en particular, pagar sobornos, directamente o a través de operadores intermediarios, y que el monto de dichos sobornos se calcularía a partir de un porcentaje del valor de los contratos respectivos, en los casos de licitaciones de corto plazo, y en montos fijos por luminaria instalada, en los casos de proyectos a largo plazo.
El modus operandi señalado se transformó en una forma de operar constante por parte de los socios y ejecutivos de las empresas, actuaciones delictuales que redundaron en un provecho para aquellas, y que pudieron producirse como consecuencia directa del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión que impone la ley a las personas jurídicas.
En el caso de Puerto Natales, los socios de Itelecom ofrecieron dinero, de manera directa o a través del imputado Cristian Ureta Bravo, al entonces alcalde José Fernando Paredes Mansilla, y al encargado municipal de luminarias, Andrés Matulich Silva, este último ya condenado en procedimiento abreviado.
En la audiencia de ayer, realizada en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, se mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario total para Cristian Ureta, mientras que el imputado José Fernando Paredes debe cumplir arresto domiciliario nocturno.
