Para mañana martes, a las 09:30 horas, se fijó la audiencia de formalización por delitos de defraudación, como apropiación indebida, lavado de activos y, además, de tráfico de influencia en contra del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos; su padre, Déctor Vallejos; y su hermano y exjuez de Policía Local de Pemuco, Fernando Vallejos.
Hasta el pasado fin de semana, sólo la Fiscalía Local de Chillán y la parte querellante, la desaparecida sociedad inmobiliaria Intachi, representada por el abogado Guillermo Vejar, figuraban como persecutores, sin embargo, en los próximos días podría sumarse como querellante el Consejo de Defensa del Estado.
Conforme a la querella, los hechos investigados se remontan al año 2002, cuando Déctor Vallejos y su hijo, Fernando, asumieron como directores de la inmobiliaria y -según la querella- comenzaron a realizar una serie de contratos de compraventa de los bienes inmuebles de la sociedad, sin consultar ni notificar al resto de los socios.
Por lo demás, conforme a lo explicado por el abogado Vejar, “lo que hacían era vender a un tercero que actuaba como testaferro o palo blanco, a precios irrisoriamente bajos, para luego comprar ellos mismos a través de diversas sociedades armadas artificiosamente, y así dejar todo ese patrimonio bajo su poder”.
Se lee en la querella, que una vez que los Vallejos compraban estos mismos bienes, los volvían a vender a terceros, a precio de mercado sin rendir cuenta de esos negocios al resto de los socios de Intachi.
Y aunque se podría discutir una eventual prescripción de los delitos (han pasado más de 20 años), hubo una transacción realizada en 2018, puntualmente, la venta del terreno en el que actualmente se emplaza un supermercado, en avenida Argentina, y que fue advertida por los socios, dando paso a las denuncias y a las investigaciones policiales ordenadas por el Ministerio Público.
“Los socios, cuando ven que se estaba construyendo este supermercado en un predio de propiedad de Intachi, y en el que antes había un servicentro, se dan cuenta que los Vallejos habían vendido esta propiedad y otros bienes sin notificarlos, porque en su calidad de directores, eran además, los representantes legales, necesitando solo sus propias firmas para llevar a cabo la transacción”, explica Vejar.
CDE analiza ser interviniente
Otra de las aristas de esta última transacción, despertó el interés del Consejo de Defensa del Estado.
Aunque aseguran no haber tenido acceso a la carpeta investigativa, todavía, si se harán presentes en la audiencia de formalización, puesto que datos de la investigación revelan que, para oficializar la venta del terreno a los dueños del supermercado, realizaron la firma notarial en la ciudad de Linares.
En la escritura, se especificaba que una de las exigencias presentadas por los compradores, era que el plazo máximo para conseguir los permisos de construcción por parte de la Municipalidad sería de 30 días.
Pese a tratarse de un plazo muy reducido en relación a la envergadura de la obra y a los tiempos de respuesta propios de la Municipalidad, los Vallejos consiguieron la autorización.
De acuerdo con la tesis fiscal, esto se logró con la visa de quien figuraba en esos años como administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, por lo que para el Ministerio Público se estaría ante el delito de tráfico de influencias.
“Si eso, en efecto, es así, entonces como Consejo de Defensa del Estado debemos intervenir como querellante, pero sólo por ese delito, ya que el resto de la causa es un conflicto entre privados. Así que estamos estudiando el caso y una vez que tengamos los antecedentes tomaremos la decisión”, explicó Mariella Dentone, procuradora regional del CDE en Ñuble.
Ricardo Vallejos es el único de los tres imputados que se encuentra con medidas cautelares privativas de libertad (arresto domiciliario nocturno) aunque por su presunta participación en los delitos de corrupción y cohecho que la Fiscalía persigue en el contexto del llamado “Caso Led”.
