Para el próximo martes 19 de marzo, y tras solicitud presentada al Juzgado de Garantía de Chillán, por parte el jefe de la Fiscalía Local, Sergio Pérez, se programó una audiencia de formalización en contra del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos (también formalizado por el “caso led”); para su hermano, Fernando Vallejos (exjuez de Policía Local de Pemuco); y para el padre de ambos, Déctor Vallejos, por los delitos de apropiación indebida, lavado de activos y tráfico de influencias.
Lo anterior, es el resultado de un proceso de investigación judicial que se arrastra desde que en octubre de 2020, esa misma sede judicial declarara admisible una querella presentada en contra de los imputados, por parte del actual directorio y accionistas de la sociedad inmobiliaria Taxibuses Chillán “Intachi S.A.”.
Conforme a la querella, Déctor y Fernando Vallejos, una vez que pasaron de ser accionistas a directores de Intachi, en 2002, habrían comenzado a vender o ceder patrimonio inmobiliario de la empresa a otras firmas cuyos dueños serían ellos mismos, sin que el destino del dinero de esas ventas llegara a conocimiento del resto de los accionistas, asunto que habría quedado al descubierto en 2018.
Conforme al escrito de la querella, se habrían creado cuatro sociedades por parte de la familia Vallejos en la que dicen detectar movimientos presuntamente fraudulentos y simulaciones de contratos, entre ellas a Santa Teresa Limitada, que incluye a Ricardo Vallejos como socio, y a la que le habrían traspasados inmuebles por un valor superior a los $4 mil millones, aunque con cláusula de novación, que es una manera de sustituir los pagos mediante figuras como trueque por deudas anteriores o declaración de prescripción, por ejemplo.
Luego, esos inmuebles fueron vendidos a terceros, y según se lee en la querella, “hubo una serie de empresas ficticias, que actuaban de palos blancos. Empresas formadas por Fernando Vallejos y sus hijos; o él y su esposa y otras con Ricardo, para que en el fondo se pudieran transferir a ellos mismos, todos estos bienes inmuebles, sin llamar a asamblea, ya que tenían la representación legal”, explicó el abogado querellante, Guillermo Vejar.
Esperan sobreseimiento
El abogado Juan Carlos Manríqez, representante de la familia Vallejos, dice tener evidencia que contrarrestan las imputaciones de la querella, además, apunta que “nos llama poderosamente la atención que el Ministerio Público destine recursos y tiempo en diligencias que están completamente fuera de su competencia, dado que la mayoría de estos supuestos hechos ocurrieron bajo el amparo del antiguo sistema procesal penal”.
Por otra parte, el jurista estima que este caso sería competencia de los juzgados civiles, y no de competencia penal, “por lo tanto, esperamos, que -como en otras ocasiones- esta causa sea sobreseída”.
