El anuncio del Partido Republicano en torno a la presentación de una acusación Constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su eventual responsabilidad política en el denominado “Caso Convenios”; ha generado expectación en la Cámara de Diputados respecto de qué postura manifestarán las distintas fuerzas políticas.
El martes, los tres partidos de Chile Vamos, (UDI, RN y Evópoli) aseguraron que respaldarán la medida, y en concordancia con ello, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, precisó que el libelo contra Jackson “es una consecuencia de las supuestas omisiones del Presidente Boric”.
A nivel local, la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, ya anunció que su colectividad apoyará la AC.
“Creemos que la acusación tiene los argumentos jurídicos y políticos necesarios para que avance su curso dentro de la Cámara de Diputados. Es importante que el ministro Jackson dé cuenta de la falta de transparencia y de trabajo que ha tenido en su función como ministro de Estado”, afirmó la legisladora.
Añadió que “me llama la atención que el Partido Republicano, después de un mes de haber anunciado un estudio de esta acusación, recién la haya presentado. No sé si tiene que ver con el proceso Constituyente que llevan adelante, uno que pretenden aprobar después de que la ciudadanía ya dio una posición firme respecto de esto, y que las encuestas ciudadanas apuntan a rechazar”, mencionó.
El diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, en tanto, aseguró que va a respaldar la acción, si es que antes de la votación final, el Presidente Gabriel Boric insiste en mantenerlo en su cargo.
Al respecto, si bien el parlamentario gremialista aseguró que es el Ministerio Público el encargado de dirigir la investigación penal por los eventuales delitos de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos que se indagan en varias regiones del país, advirtió que el secretario de Estado “sí tiene una responsabilidad política en el caso” y que, por consiguiente, “debería dejar el gabinete”.
“Cuando tres de cada cuatro chilenos tienen una mala evaluación del ministro Jackson y más de la mitad lo asocia con el escándalo de corrupción que estamos viviendo en prácticamente todo el país, es evidente que el Gobierno, pero en específico el Presidente Boric, debería ejercer todas las responsabilidades que existan, porque al menos hasta ahora las autoridades que han dejado sus cargos sólo ha sido por una eventual responsabilidad penal, pero en ningún caso política”, precisó, agregando que “la presencia de Jackson le está haciendo un mal a todo el país”.
Su correligionaria, la diputada Marta Bravo, añadió que “si bien vamos a esperar a conocer los antecedentes de esta acusación, que recién se presentarán el próximo lunes, tal como lo hemos manifestado, como bancada estamos disponibles a aprobar esta acción por la responsabilidad que le compete al ministro Jackson. Por eso nos parece importante que antes de llegar a la votación de la acusación, el Presidente ejecute un cambio de gabinete, ya que, de acuerdo a las últimas encuestas, un 75% de los chilenos tiene una mala evaluación de la gestión del ministro”, reiteró.
Desde RN, el diputado y jefe de bancada, Frank Sauerbaum, manifestó que “ojalá el gobierno lo saque (al ministro) antes de presentar la acusación Constitucional, porque aquí el Congreso tiene la clara sospecha de que hubo un ‘modus operandi’ para defraudar al Fisco del partido de Giorgio Jackson, fundado por él y coordinado por alguien a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros esperamos que se asuman las responsabilidades políticas que el gobierno no ha querido asumir”, afirmó.
Según Sauerbaum, el gobierno “simplemente ha cortado el hilo por lo más delgado, sacando a seremis, subsecretarios, pero a los ministros no los ha tocado. Nosotros esperamos que el gobierno sea más autocrítico respecto de la corrupción y de los montos que están en cuestión. Entonces, legítimamente los chilenos piensan que hoy día los recursos se entregan discrecionalmente, sin cuidar el uso de estos”, dijo.
“Un gesto de solidaridad”
El único diputado de centro izquierda de la región, Felipe Camaño (ind.-DC), sostuvo que “es difícil adelantar una postura sin antes conocer el texto de la acusación y poder leerlo. Sería irresponsable de mi parte, pero al mismo tiempo, creo que esto es una acusación Constitucional muy compleja, y quizás la más difícil dentro de las que se han presentado, porque a diferencia de las anteriores, nadie puede decir que el gobierno no tiene hoy una crisis política interna, y lo que hemos visto en el caso Convenios y las fundaciones es que no ha habido grandes responsabilidades políticas. El gabinete no se ha movido ni un centímetro, y ahí quizás, antes de esperar ser removidos por una acusación Constitucional, uno esperaría que los mismos ministros, en un gesto de solidaridad con el gobierno, den un paso al costado”, aseveró.
