Entre los estudiosos hay coincidencia en que uno de los factores clave para explicar el actual centralismo que afecta a Chile y que nos sitúa como el país más retrógrado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en esta materia ha sido el esfuerzo del sistema político por resguardar el principio portaliano de “garantizar el interés y la unidad nacional” por la vía de contar en regiones con una autoridad que sea el representante directo e inmediato del Presidente de la República.
Este principio, que está en nuestra Constitución desde 1831, se mantiene en la actualidad con la figura del delegado presidencial (antes intendente), pese a la promesa del actual Gobierno de eliminarla y su misión, como viene siendo desde el siglo XIX, es resguardar que “los criollos” que habitan en regiones no se rebelen ante el poder central y pongan en riesgo la “unidad nacional”.
Es así como el centralismo está metido en nuestras principales instituciones políticas, partiendo por los partidos políticos. Es allí donde encontramos uno de los principales obstaculizadores para avanzar en esta materia, dado que quienes deben proponer reformas para modificarlo, pertenecen a las instituciones más centralizadas que tiene el país.
Ello tiene consecuencias importantes para el éxito o fracaso de los esfuerzos por descentralizar. En países con partidos políticos nacionales hegemónicos, o con partidos políticos con sistemas de decisión interna centralizados, el gobierno central ejercitará un mayor control sobre el poder político y el uso de los recursos fiscales en los niveles locales.
Se puede deducir entonces, que en países con partidos políticos con sistemas de decisión centralizados es donde la descentralización muestra sus peores avances. Por el contrario, en países con partidos políticos regionales o con partidos que cuentan con sistemas de decisión más descentralizados, se observan mayores avances en materia de descentralización.
¿Por qué se genera este proceso? Porque en esos casos, los representantes políticos territoriales (diputados o senadores, dependiendo del caso) ejercitan una fuerte influencia sobre los legisladores nacionales. La descentralización, entonces, termina siendo el resultado de los incentivos disponibles para políticos de diferentes niveles de gobierno.
Observando el caso chileno, se puede deducir que dada la estructura de decisión para asignar escaños parlamentarios en los partidos políticos, la lealtad de los elegidos (candidatos a senadores y diputados) está más puesta en las estructuras e intereses nacionales que regionales de los partidos políticos.
Lamentablemente, la propuesta de nueva constitución que se votará el 17 de diciembre, pese a plantear cambios positivos para el sistema de partidos, no considera un cambio en esta lógica dogmática y conservadora que ha tenido la elite política central, y que en la práctica le ha fallado a 15 millones de personas debido a su tardía llegada en la satisfacción efectiva de las necesidades de las regiones.
